Este viernes, luego de seis años y un mes, iniciará el juicio contra el oficial principal Walter Rubén Miranda por haber asesinado de un disparo en la cabeza, durante un entrenamiento, a la Policía puntana Casandra Anabel Fernández. El ex instructor está acusado por "Homicidio culposo" y enfrenta un pedido de la fiscal de instrucción de que lo condenen a cuatro años de prisión.
El hecho que conmocionó a toda la sociedad sanluiseña sucedió el 14 de noviembre de 2012, en la cima del cerro ubicado a 2.152 metros sobre el nivel del mar, en las Sierras Centrales de San Luis, en la zona de El Suyuque.
Hace un par de semanas, el imputado contrató al estudio jurídico de Guillermo Sánchez Pagano para que lo defienda en la instancia final del proceso penal que enfrenta. Entrevistado por El Diario de la República, el abogado adelantó cuál va a ser el argumento con el cual van a encarar la defensa: van a plantear que Miranda solo es responsable por las lesiones que el balazo le causó a la estudiante, pero que la muerte de la chica no fue su responsabilidad.
"Consideramos que no existe el nexo causal entre el disparo y la muerte", resumió Sánchez Pagano y abundó de que: "El hecho de que no hubiera un hospital de campaña, de que el paramédico no tuviera ningún tipo de oxígeno, ni oxígeno de mochila, de esos que usan para subir a la montaña, y con el personal a 2.180 metros de altura, desembocó en ese desenlace".
En otras palabras, el defensor responsabiliza por el hecho a las entonces autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública "Juan Pascual Pringles", la escuela de Policía, y a los organizadores de la excursión a las sierras.
"A ver, Miranda es autor de lesiones graves, pero no de homicidio. Se cortó el nexo causal en el momento en que no tenían forma de bajar a esa pobre chica de ahí arriba", reiteró.
"La negligencia que tuvo la escuela de Policía es altísima. Había hasta un negocio de venta de municiones a los cadetes, pese a una prohibición expresa del coronel que estaba a cargo del instituto", señaló Sánchez Pagano.
“En la logística de todo el sistema no habían previsto ningún tipo de emergencia. El general San Martín cruzó los Andes con más logística y menos tecnología, doscientos años antes. Con lo cual, la responsabilidad de la muerte no la tiene Miranda”, dijo.
Es posible –reveló– que el acusado declare, en la primera audiencia, y que posteriormente lo haga otra vez.
"No se fijó si estaba cargada"
Los familiares de la víctima rechazan la postura de la defensa. Tanto que hasta la figura de "homicidio culposo" por la que está acusado les parece poco.
"Esto no fue un accidente como lo califican. Miranda tiene que responder por lo que cometió, porque esto no fue otra cosa que un homicidio", declaró, en su oportunidad, Sandra Pascual, la mamá de Casandra.
En 2014, cuando conocieron la requisitoria de pena que había hecho la fiscal de instrucción Sonia Fernández, el hermano de Casandra, Emiliano Fernández, se manifestó insatisfecho con esa calificación legal.
“No soy abogado, pero algo de derecho he estudiado y sé que no es solamente culposo. No admito esa calificación”, dijo en esa oportunidad el joven, que era compañero de curso de su hermana en el Instituto de Seguridad Pública.
"Hay normas de seguridad que Miranda no cumplió. Yo las sé. Cómo no iba a saberlas él que era el instructor y además decía ser especialista en eso. Tenía que comprobar cómo estaba el arma, nunca lo hizo, no se fijó si estaba cargada", afirmó.
En efecto, mientras instruía a los cadetes de tercer año, en la cima del cerro, el principal Miranda les decía que una de sus especialidades era el manejo de las armas de fuego.
Sin embargo, algo fatal ocurrió aquella noche a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis. Los estudiantes y los instructores habían llegado dos días antes, el lunes 12 de noviembre.
La última maniobra de práctica era el simulacro de custodia a una "persona VIP". El oficial principal Miranda, que había ido como instructor invitado, asumió el rol del agresor. Casandra hacía el papel de personaje a custodiar, rodeada por sus compañeros, que debían ejercitarse en las técnicas de protección. Subido a una piedra, para quedar a un nivel más alto que la formación de cadetes, el policía sacó su pistola calibre 9 milímetros y le apuntó a la estudiante en la cabeza. Se suponía que el arma no debía estar cargada. Pero lo estaba.
La joven fue socorrida primero por un paramédico que integraba el cuerpo de instructores y luego por otro que ascendió el cerro junto a una médica, a la madrugada.
El único helicóptero disponible en la provincia, el del Plan Nacional de Manejo del Fuego, recién pudo sobrevolar las sierras y depositarse sobre el Retana a las 6 de la mañana del jueves. A esa hora la chica fue trasladada a la ciudad de San Luis y llevada al hospital. Pese a su lucha por sobrevivir y al esfuerzo de los médicos por salvarla, murió 13 días después, el 27 de noviembre.
