En octubre de 2017, previo a las elecciones a senadores Nacionales, la Fundación Mujeres Puntanas a cargo de Gisela Vartalitis - esposa del actual senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá - recibió un subsidio en tiempo récord de $80 millones. Mucho integrantes de la cúpula del Gobierno de San Luis fueron denunciados por tal operación.
Dicho dinero, que es perteneciente a los fondos del Estado puntano, fueron transferidos a la entidad durante la campaña electoral en la que los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá fueron candidatos a senadores nacionales titular y suplente por el Frente Unidad Justicialista, publicó El Chorrillero.
A pesar que desde la oposición realizaron la denuncia inmediatamente, durante estos dos años los jueces provinciales y nacionales en San Luis se declararon incompetentes.
Los denunciantes fueron: Alejandro Cacace, Juan Manuel Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Elena Pastor, Ingrid Blumencweig y Sergio Guardia. Están patrocinados por los abogados Roberto Pagano, Ricardo Endeiza, Jorge Sosa y Antonio Capello
El miércoles por la tarde trascendió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que intervenga la Justicia Federal por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, y fraude en perjuicio de la administración pública
Están bajo sospecha Alberto Rodríguez Saá; el vicegobernador Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; Adolfo Rodríguez Saá y Vartalitis.
La denuncia consta de que dichos fondos fueron utilizados por la fundación para ser usados en beneficio de la campaña partidaria del actual Gobernador y su hermano.
El procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, explicó que le corresponde a la Justicia Federal "incorporar los elementos necesarios para darle precisión y resolver" la investigación.
En base a esto, el 13 de agosto los integrantes de la CSJN: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti determinaron enviar la denuncia al Juzgado Federal de San Luis.
El 29 de agosto se formalizó la comunicación al juez Penal N° 1 provincial.
