El viernes pasado el Gobierno de San Luis dictó la conciliación obligatoria para el transporte interurbano - luego de seis días de paro -, sin embargo el conflicto aún persiste y los usuarios temen a que una vez finalizado el plazo las empresas de transporte interurbano vuelvan a la abstención laboral.
El paro fue llevado a cabo por el gremio UTA porque las empresas encargadas del servicio mantienen una deuda con los trabajadores y tampoco quisieron adherir a la una nueva paritaria.
Rosa Gómez, propietaria de la empresa de colectivos María del Rosario, explicó a El Chorrillero que "el valor del boleto no alcanza", por lo que no pueden pagarles lo que dice la nueva escala salarial.
"Hemos hecho todos los trámites y agotado todas las vías administrativas, estamos a la espera", manifestó, en relación a que el Gobierno de San Luis les otorgue una reunión y se le pueda dar una solución al conflicto.
Por su parte el jefe del Programa Transporte, Edgar Devia, explicó en diálogo con El Diario de la República que si Gómez suspende el servicio de transporte a La Punta "la intimamos y le sacamos la concesión de ese corredor específicamente. Cesar el contrato del resto de los circuitos sería para un análisis jurídico más profundo, pero puede haber una afectación total de la firma".
El funcionario provincial sumó: "Se tiene que someter a un montón de consideraciones administrativas que nosotros vamos a realizar desde acá. Ella tiene un contrato con el Gobierno".
El conflicto del transporte comenzó en enero de este año cuando el Gobierno nacional decidió modificar el esquema subsidiario y el Gobierno de San Luis se negó a girar los fondos a las empresas de transportes y en cambio les entregó un crédito y decretó cuatro aumentos en las tarifas. Los primeros dos ya se concretaron y, afortunadamente para el bolsillo de los puntanos, los restantes se cancelaron.
Gómez advirtió: "Si no hay una inyección de subsidio o compensación, el transporte no puede funcionar", luego argumentó que para que la empresa se estabilice el boleto hacia La Punta debería tener un valor de $75, mientras que su valor actual es de $45.
La empresaria manifestó que además este año hubo un incremento de pases libres y reclamó que no hay inspecciones: "De 33 personas que viajan sentados por colectivo, 12 son gratuitos". Luego sentenció que cuando los subsidios estaban a cargo de Nación, había mayores controles.
"Esta semana es muy definitiva. Hay una sola persona que puede solucionar el problema: el Gobernador", exhortó Gómez al medio digital.
