El 31 de marzo los precios de los alquileres serán descongelados como así también se permitirán los desalojos, que estuvieron prohibidos durante la pandemia. El gobierno nacional le puso punto final a la medida que protegió a los arrendatarios. En San Juan, desde la Asociación de Inquilinos, temen una ola de desalojos no sólo por las deudas generadas durante este tiempo sino también por los incrementos que se van a venir en las rentas.
Víctor Bazán está al frente de la agrupación que defiende los intereses de los inquilinos en la provincia. Aseguró que con el descongelamiento se viene una situación complicada para los arrendatarios. “Vamos a ver a inquilinos saliendo a buscar un lugar donde vivir con un costo elevadísimo, endeudados (deberán abonar el ajuste que estaba previsto y que no se aplicó durante los meses de vigencia del decreto) ,con garantías con pagarés firmados en blanco”, indicó.
Con respecto a la renovación de contratos, Bazán proyectó que habrá propietarios que buscarán aplicar subas muy altas, que llevarán a los inquilinos a volver a la casa de sus familiares. “Van a renovar contratos a más del doble de lo que se paga habitualmente, la gente está pagando 20.000 pesos o más”. Esto se debe a la nueva ley de alquileres, que generó un “efecto castigo de parte de los propietarios y bronca del mercado inmobiliario”, añadió en Tiempo de San Juan.
La Asociación de Inquilinos no tiene relación con los corredores inmobiliarios. Y las instancias de diálogo con los propietarios están muy desgastadas. Para Bazán el punto de inflexión fue la aprobación de la nueva ley de alquileres, legislación que condujo a que muchos locadores decidieran sacar sus propiedades del mercado.
Calculan que en la provincia son 240.000 las familias que alquilan, de esa masa total 70.000 están inscriptas en el IPV para acceder a los sorteos de viviendas. El 11 de marzo los locatarios tendrán una reunión con el director del organismo, Marcelo Yornet, para analizar la situación y plantearles la necesidad de generar un plan que contenga a quienes no pueden cumplir con el monto de una renta mensual de alquiler pero sí con las cuotas del IPV.
