Hay novedades entorno a la causa que investiga al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) por haber vacunado contra el coronavirus a sus empleados sin autorización del Ministerio de Salud de la provincia. El caso pasó a manos de la Justicia Federal luego de la que jueza María Edith Rodríguez declarara la incompetencia material para seguir interviniendo en la causa.
La jueza consideró que se encuentra seriamente comprometido el interés nacional con una clara afectación al erario público nacional y la salud pública de toda la población argentina. La decisión fue adoptada luego que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio requiriera la competencia de la justicia ordinaria para intervenir.
El director del CIF, Pedro Dilmar Villagrán, está imputado por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de que se denunciara que le colocaron la vacuna a empleados del organismo público. La fiscal Odorisio evaluó que Villagrán, en su condición de Jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigadores Fiscales y abusando de sus facultades solicitó al Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, 50 vacunas (SPUTNIK-V) contra la COVID-19. Las distribuyó el 4 de febrero último y según su propio criterio entre el personal del CIF. Los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna.
