Tras descubrir que una concejal salteña escondía donaciones para los wichís en su casa en un barrio de Tartagal, un grupo de aborígenes se manifestó en la puerta de la Ciudad Judicial de esa ciudad para exigir que les entreguen la mercadería. Pidieron hablar con el juez Nelsón Aramayo a cargo del caso.
El escándalo se desató el jueves pasado cuando Sandra Díaz denunció que sus hermanas, la concejal Paola Díaz, y a su hermana, Rosa Díaz (empleada del Ministerio Público Fiscal) retenían en una vivienda mercadería que diferentes fundaciones habían enviado para las comunidades originarias del norte salteño. El domingo, la Policía allanó la casa y encontró las donaciones que hasta ahora están en manos de la Justicia.
Enterados de la situación, integrantes de los pueblos se trasladaron a Tartagal desde San Victoria para solicitar que les entreguen la ayuda solidaria que tanto necesitan para sobrellevar la crisis alimentaria que los golpea desde hace años. Acamparon en el complejo municipal de la ciudad pero el martes fueron a la Ciudad Judicial para visibilizar su derecho.
El juez Nelson Aramayo, enterado de la situación, fue a la sede judicial y les pidió que eligieran a cuatro representantes para explicarles la situación. A la reunión se sumó, además, el fiscal penal Rafael Medina, quien lleva adelante toda la investigación. “El juez de Garantías y el fiscal nos explicaron muy bien todo lo que ellos están haciendo y cuando les pedimos la ayuda que nos pertenece a nosotros, nos dijeron que nos van a entregar todo. Que esperemos hasta mañana a las 13 (por el miércoles) y que podremos retirar todo” precisaron los delegados.
Actualmente Paola Díaz quedó detenida y junto a su hermana Rosa, quien continúa en libertad, está imputada por el supuesto delito de administración fraudulenta. El caso tuvo repercusión nacional.
