En enero, el propietario de la finca de la bodega Puna, Javier Montero Alessanco, radicó una denuncia en la que alegaba que un grupo de personas auto identificadas como integrantes de la comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada, reclamaban ser propietarios ancestrales de un sector de dicha finca.
En ese momento la Fiscalía sometió el caso a mediación con el objetivo de alcanzar una solución del conflicto; pero durante las primeras horas del martes, uno de los representantes de esta comunidad, decidiendo por cuenta propia dejar sin efecto el acuerdo, optó por presentarse en el predio con la intención de asentarse.
En este momento intervino la policía, tratando de impedir el ingreso de más de 30 personas, y se desató la violencia, terminando con dos oficiales heridos y daños en los móviles policiales.
Como consecuencia de estas acciones, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, una medida cautelar de no innovar para ambas partes y una audiencia de reintegro de inmueble. La auxiliar fiscal a cargo de la delegación, María Juárez Mattar se presentó en el lugar para dialogar con la comunidad y notificarlos de la medida cautelar que prohíbe el ingreso al predio.
Por último, Javier Montero Alessanco presentó en sede fiscal documentación que acredita la propiedad de la tierra en cuestión.
