En el femicidio de Rosa Sulca hubo una cadena de responsabilidades que podrían haberlo evitado. Así lo determinaron los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero al ampliar la imputación contra el operario del 911 que atendió el llamado de la víctima, su supervisor y los policías que estaban de guardia la madrugada que asesinaron a la docente en Villa Mitre.
Se trata del operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial, Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.
Todos están imputados por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y otros cargos según su responsabilidad en los hechos. Se determinó que Bisón, quién atendió el llamado de Rosa Sulca, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia y que su supervisor, Tintilay, tampoco controló la comunicación telefónica. Este último también está imputado por abandono de persona seguido de muerte.
El despachante policial, Héctor Roberto Herrera, está acusado de informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia. Él tenía contacto directo con los policías que fueron a la casa de la victima.
El jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera, están imputados por incumplimiento de sus deberes y de abandono de persona en concurso real, por no haber asignado otros recursos para verificar el incidente. Se determinó que ambos tuvieron la posibilidad de escuchar el audio del 911 donde Rosa Sulca pedía que la auxilien.
Por el femicidio también están imputados el Jefe Operaciones del 911 y los policías que fueron a la casa de la víctima, quienes estuvieron también detenidos.
