Dos meses después del pedido de indagatoria a exfuncionarios judiciales de Rosario, este martes se confirmó que citaron a tres personas que ocuparon cargos en el fuero federal durante la última dictadura cívico militar. Buscan determinar si participaron en secuestros, asesinatos y la aplicación de tormentos a perseguidos políticos.
El llamado surgió en respuesta a diferentes reclamos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación Hijos Rosario. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó una queja por “retardo de justicia”.
Uno de los llamados a indagatoria corresponde a Horacio Claverie, que trabajó como secretario del juez federal Guillermo Ernesto Tschopp durante la dictadura. Cabe recordar que el magistrado fue procesado en 2020 como partícipe necesario en delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, las actuales autoridades en los Tribunales de Bulevar Oroño ordenaron la declaración de los José Luis Vázquez y Pedro Tiscornia, exfiscales en ese fuero. Los tres está bajo sospecha de haber colaborado con las fuerzas de seguridad en más de 60 casos de desaparición forzada de personas, homicidios, privación ilegítima de la libertad y tormentos.
A través de un comunicado, Hijos señaló que las víctimas de esos delitos fueron “militantes del campo popular” que vivían en el sur de la provincia de Santa Fe durante la época de actos de terrorismo de Estado.
Una “garantía de impunidad” en Tribunales
El juez federal Marcelo Bailaque dispuso que Tiscornia se presente a indagatoria el lunes 16 de mayo. Al exsecretario lo investigan por 54 episodios de privación ilegítima de la libertad y siete homicidios de presos políticos.
Al día siguiente citaron a Vázquez y Claverie. El primero fue denunciado por seis detenciones ilegales agravadas por su carácter de funcionario público, por mediar violencias, amenazas y por haber durado más de un mes. Claverie, por su parte, está acusado de cinco casos de secuestro y torturas a víctimas del terrorismo de Estado.
Por otra parte, Bailaque rechazó el planteo del fiscal federal Federico Reynares Solari y la querella sobre la indagatoria por asociación ilícita. “No encuentro elementos de sospecha suficientes como para tener por acreditada tal situación”, respondió.
Desde el Ministerio Público argumentaron que los exfuncionarios judiciales supieron de una incontable cantidad de violaciones a los derechos humanos. En esos cargos, presumen que omitieron de manera sistemática y deliberada las acciones que les correspondían para frenar esos delitos.
“Queda claro que los miembros de fuerzas represivas, pese a las presentaciones de habeas corpus y denuncias, encontraban una garantía de impunidad gracias a la actuación del Poder Judicial”, manifestó Reynares Solari.
Para el fiscal, “ese aporte no puede ser brindado por cualquier ciudadano sino solo por aquellos que tienen el cometido legal de intervenir activamente, y cuya renuncia dolosa a cumplirlos se transforma en el requisito objetivo e imprescindible que prevé el artículo 45 del Código Penal”, sobre la participación en un delito.
