Aguas Santafesinas empezó a exigir a los grandes emprendimientos inmobiliarios un estudio de viabilidad antes de que se les otorgue la habilitación de obra. El objetivo es garantizar que las nuevas viviendas no sobrecarguen la red de agua de la zona, ya que en caso contrario, los flamantes residentes deberán hacerse cargo de una inversión cercana a los $400 mil.
"Assa comenzó a solicitar a los proyectos edilicios que superan los 1000 metros cuadrados una serie de estudios para determinar si la zona en la que se emplazarán está preparada para abastecerlos de agua", manifestó Oscar Urruty, director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).
"En caso de que estos nuevos edificios puedan quitar presión de agua al resto, deberán hacerse cargo del cambio de cañerías antes de que se les de la habilitación", completó en diálogo con Vía Rosario. Estas obras complementarias comenzaron a exigirse a varias constructoras que llevan adelante desarrollos en barrios de Rosario que tenían una baja densidad poblacional, pero que en los últimos años crecieron exponencialmente.
Una de las afectadas es Bauen, que impulsa la construcción de un edificio de 100 departamentos en 27 de Febrero entre Buenos Aires y Laprida. "Cuando en su momento se habilitó la cañería la densidad poblacional era de 50 personas. Ahora sólo este emprendimiento, agrega otras 500", apuntó.
El esquema que se determinó en este caso consistió en que la constructora, a través de los compradores, se haga cargo del costo de la obra (unos $400 mil) que implica un nuevo caño más amplio que abarca toda una cuadra. "Después Assa devolverá el valor eximiendo el pago del servicio por dos años a cada cliente", sostuvo.
Esta medida está en consonancia con una ordenanza sancionada por el Concejo Municipal que protege a aquel que ya tenía el servicio de agua potable, con el fin de que no se vea perjudicado por nuevos proyectos edilicios que le quiten presión.
De esta manera Aguas Santafesinas adopta la misma política que en los últimos años comenzaron a implementar la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Litoral Gas: delegar a los usuarios las inversiones de las obras de infraestructura.
La EPE fue pionera en este rubro y levantó polémica porque en todas aquellas nuevas urbanizaciones en las que exige la instalación de una nueva subestación transformadora (generalmente nuevos loteos o parques industriales), los clientes deben hacer una gran inversión y luego donársela a la empresa que no los compensa.
Algo similar realiza Litoral Gas, que bajo el argumento de que por mucho tiempo sufrió congelamiento de tarifas (aunque hace tres años que aplica incrementos brutales sin cesar), no está en condiciones de invertir en extender la red. Entonces impulsan la creación de fideicomisos para encarar las obras necesarias para tener este servicio que –por supuesto- ellos sí se encargan de facturar.
