Pasada la tormenta que desencadenó el año pasado la denuncia por filtraciones de llamadas de su celular, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro fue incorporado como querellante a la investigación sobre la actuación de los funcionarios judiciales que pidieron la intervención de la línea.
"En el día de hoy la Justicia me aceptó y se investigará el delito del cual fui víctima en la causa por escuchas a mi teléfono personal", expresó el titular de la cartera santafesina respecto de la causa que surgió como contraataque a la difusión de sus conversaciones con funcionarios de la policía santafesina y hasta el gobernador Miguel Lifschitz.
La pesquisa que conducen fiscales de Rosario busca esclarecer la responsabilidad penal de sus colegas Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes en 2017 solicitaron la grabación de diferentes números vinculados a causas por corrupción dentro de la fuerza provincial.
Pullaro reiteró su postura crítica respecto de la labor de los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y advirtió que la resolución es "una mala noticia para sectores apartados de la policía que idearon junto a dos fiscales una grosera operación". El ex secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe Pablo Cococcioni también se pronunció al respecto y señaló en diálogo con UNO: "Nos interesa saber qué otros posibles autores partícipes estuvieron en otra maniobra".
