El caso de una mujer que sufrió complicaciones por un aborto realizado en la ciudad de Santa Fe reavivó la polémica en torno a esta práctica. Un grupo autodenominado provida denunció que la intervención fue ilegal porque no encuadraba dentro de los no punibles, mientras que desde el Gobierno provincial rechazaron esta versión.
Se trata de una joven de 28 años, que ya había tenido dos cesáreas previas, y quien sufrió una rotura de útero. Desde la Agrupación Ramón Carrillo indicaron que esto se produjo a causa de la medicación (misoprostol) que le suministraron para concretar el aborto.
Lo cierto es que la paciente llegó al Hospital Iturraspe pero no pudo ser atendida porque todo el servicio de ginecología del nosocomio adhirió a la objeción de conciencia respecto al aborto. Entonces fue derivada al Hospital Cullen, donde fue intervenida quirúrgicamente por una médica rosarina.
De acuerdo a la mencionada agrupación, el aborto se realizó porque la mujer "no podía mantener económicamente al bebé", pero no porque estuviera en peligro la vida de la madre o porque el embarazo haya sido fruto de una violación, dos de las alternativas contempladas por la ley.
Según el director provincial de Género, Oraldo Llanos, la práctica "se encontraba dentro de la normativa". Agregó que la mujer se encuentra en buen estado de salud.