En medio del dolor por la muerte de su hijo, Eduardo Ballesteros, el padre de Ignacio, polista cordobés que desde 2010 estaba cuadripléjico y que perdió la vida el fin de semana en el Sanatorio Parque de Rosario, apuntó a la viuda del deportista y su entorno, con quien mantiene una dura batalla judicial.
"El 22 de junio la mujer -Gisela La Menza- fue desplazada de la curatela y sugestivamente el sábado 23 falleció mi hijo", indicó Eduardo en diálogo con la emisora LT8, sobre la últimas novedades judiciales justo antes de la muerte de Ignacio, que había sido internado el 20 de junio por un cuadro de neumonía que al parecer fue irreversible.
"Siempre sospechamos del manejo que hizo la esposa sobre la salud de mi hijo. Todos los tratamientos se resolvían en el Sanatorio Parque. Esta mujer entraba y salía con total libertad y de hecho cuando el sábado 23 nos dieron el parte médico de la tarde, nos dijeron que el cuadro era mucho más leve que el que había sufrido en enero, donde realmente estuvo muy mal. Después nos dijeron que había muerto", manifestó Ballesteros quien agregó que tras la triste noticia decidió contactarse con sus abogados.
Eduardo insiste en su teoría: "yo creo que puede haber un grado de responsabilidad de la esposa". El hombre tenía previsto ampliar la denuncia por abandono de persona que había realizado en noviembre del año pasado, tras intentar visitar a su hijo al sitio donde vivía junto a Gisela La Mensa, y al advertir que la mujer había viajado al exterior, cuando según ellos, debía estar cuidando del ex polista.
"Ignacio estaba muy mal atendido a pesar de todas las prestaciones que por reintegro La Mensa le solicitaba a la prepaga Osde y por la que está imputada hoy", precisó Eduardo.
Puntualmente la viuda fue imputada en mayo por los delitos de estafa, defraudación por entrega de recibo falso y falsificación de instrumento privado. Dichos ilícitos también le fueron atribuidos a 12 profesionales entre kinesiólogos, enfermeros y terapistas ocupacionales que facturaron a la prepaga Osde servicios que no fueron prestados, según la acusación del fiscal.
Cuando se comprobó el deceso de Ignacio, la fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos, Valeria Piazza Iglesias, ordenó el secuestro de la historia clínica del paciente y que se dé aviso a las partes que litigan en el conflicto judicial entre la esposa y los padres por la curatela del polista, en caso de que requieran la intervención de un perito de parte.
En 2012, gracias a un fallo del juez federal Ricardo Bustos Fierro, los progenitores lograron obtener la curatela y pudieron trasladar al hombre de Rosario a una clínica de rehabilitación cordobesa.
Pero a expensas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la mujer pudo revertir la resolución e Ignacio volvió a Rosario. Ahora, según la versión del padre, el día antes del deceso del ex polista, habían conseguido desplazar a Gisela La Menza de la curatela.
