Este jueves se realizó una audiencia en la Cámara de Apelaciones a pedido del abogado defensor de los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán, acusados por las escuchas al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
Luego de enterarse de la detención del comisario Adrián Rodríguez por el presunto delito de cohecho, el funcionario provincial inició un raid de llamadas a asesores, funcionarios e integrantes del Poder Judicial. En una de ellas se queja de la detención porque el fiscal regional, Carlos Arietti, le había prometido que se iba a producir después de las elecciones, no antes. Los audios fueron filtrados y por el hecho se investiga a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
"¿Se investiga un hecho, o se investiga a los fiscales?", cuestionó Néstor Oroño, abogado de los funcionario del MPA.
Por su parte, la fiscal de Rosario que lleva adelante la investigación solicitó al camarista que confirme la resolución de primera instancia que habilita las medidas probatorias ya que “el objeto de estas medidas es la obtención de evidencia, o no, y luego imputar”. Y remarcó que la medida fue solicitada un mes después de radicada la denuncia, “a principios de la investigación, mal se puede imputar cuando no hay elementos”.
Los últimos en hablar durante la audiencia fueron los fiscales investigados. "Quiero reafirmar para que no haya dudas: quiero que esto se investigue hasta las últimas consecuencias. Ahora bien: que sea dentro de un estado de derecho y conforme a la ley", sostuvo Apullán.
"Si el hecho en apariencia delictiva es la filtración irregular de información de una causa penal, en esa causa recibimos una indicación del fiscal regional Carlos Arietti para que notifiquemos al ejecutivo provincial con una copia de las actuaciones, con transcripción de las escuchas", añadió.
Tras cuestionar el trabajo del fiscal regional, Apullán apuntó al ministro de Seguridad que había preguntado quiénes eran sus "titiriteros": "Le voy a responder: mi titiritero es la ley. Y me pregunto, quién es el titiritero del director que dio instrucciones negativas para llevar a (el ex comisario) Rodríguez a audiencia pública para responder públicamente. Eso lo impidió Arietti: impidió que un juez me controle, impidió que el imputado se defienda e impidió que el ministro brinde explicaciones públicamente".
Por su parte, la fiscal Martí, quien pidió la intervención del teléfono oficial de Pullaro, planteó: "Entregué una caja con 300 cds en crudo de las causas OSPE y Rodríguez, más documental que fue entregada a un funcionario de la Fiscalía, Lemos, y a dos empleados del fiscal Hernández. Al día siguiente se creó la fiscalía de Delitos Complejos".
“Teníamos la posibilidad de investigar un entramado de corrupción policial y política con protección judicial que puso nuestras vidas en peligro”, sostuvo.
“Se comunicó al gobernador con copia de las escuchas, y dentro de la causa Rodríguez se encuentran las escuchas que involucran a altos funcionarios políticos y del MPA, y ese legajo no sé dónde se encuentra”, concluyó.
