La Defensoría del Pueblo de Santa Fe se reunió con industriales y comerciantes de Alcorta por las enormes facturas de servicios públicos recibidas, y ratificó el pedido de implementar una tarifa social de gas y electricidad para las pymes, reclamo que se viene sosteniendo desde hace más de dos años.
El encuentro se produjo luego de una solicitud realizada por el Centro Comercial y vecinos Autoconvocados de Alcorta, ante el nuevo tarifazo aplicado este año y que complicó el cuadro de situación pequeñas y medianas empresas.
La idea es la de buscar un mecanismo a los fines de mitigar los efectos de las actualizaciones tarifarias en los comercios y la economía familiar. Los principales reclamos de tienen que ver con la facturación de los servicios públicos (desigualdad en la facturación, componente del alumbrado público y porcentaje de la suba) y el costo de los mismos.
Ante estos planteos, la Defensoría reiteró la necesidad de establecer una tarifa social, tanto para energía eléctrica como para el gas natural, para pequeñas y medianas empresas, "ya que son parte esencial de nuestra economía y muchas veces las tarifas de los servicios públicos conspiran contra su desarrollo y sustentabilidad".
