Tras conocerse la firma del decreto que ratifica la rescisión "sin culpas" del contrato entre la Provincia y Arssa por la concesión de la Autopista Rosario – Santa Fe, legisladores del Frente Justicialista para la Victoria cuestionaron que se quite responsabilidades a la empresa por el incumplimiento de obras.
Los diputados Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo se refirieron al decreto 90/18 firmado por el gobernador Miguel Lisfchitz, con el que se dio por concluido el vínculo de "mutuo acuerdo", obligando a las partes a retirar las demandas cruzadas.
"Desde un principio definimos como un verdadero escándalo que el decreto de rescisión haya sido firmado el último día hábil de 2016, y no esté sustentado en dictámenes jurídicos. En el mismo sentido, advertimos sobre las irregularidades en el contrato con Arssa para la repavimentación de la autopista Rosario – Santa Fe y el mal estado por la falta de mantenimiento", manifestaron.
Señalaron que en el 2009 se hizo una licitación cuyo objetivo central era repavimentar la autopista de ida y vuelta, o sea 313 kilómetros. "Eso lo tenían que hacer en los primeros cinco años de los diez que duraba la concesión, pero solo repavimentaron 75 km", indicaron y añadieron que a valores de hoy, el incumplimiento asciende a $1.554,8 millones.
Por otro lado, cuestionaron el desconocimiento de informes de auditoría realizados por las universidades públicas y el pago excesivo a empresas consultoras contratadas de forma directa para resolver qué hacer con la concesión.
"Vamos a citar al recinto al ministro de infraestructura y transporte, José Garibay, para que de explicaciones, sobre este nuevo decreto, que exime de culpas y deudas a la concesionaria, sobre la base de la opinión de un abogado y un ingeniero, contratados sin concurso, ambos del ámbito privado, y no haciendo intervenir a los prestigiosos institutos, de carácter público, dependientes de la UNL, UNR Y UTN", cerraron.
