El Gobierno provincial anunció el sábado la firma de un convenio con 14 organizaciones que fue definido como una “tregua social por 90 días” para apuntalar la paz social. Se sabe que en las próximas jornadas están previstas nuevas reuniones con otros grupos que puedan sumarse al consenso y arrancar una agenda de trabajo específica que genere en los hechos las soluciones estructurales tan reclamadas, como por ejemplo la generación de empleo genuino.
Tras firma del acuerdo, autoridades del Poder Ejecutivo y referentes comunitarios dieron detalles sobre la implementación del acuerdo, que busca garantizar la paz social por 90 días. Se sabe que lso primeros pasos serán un relevamiento de personas indocumentadas, revisar la tipología jurídica de las organizaciones sociales y si están en condiciones, trabajar las tres líneas de acción anunciadas por Capitanich, seguridad alimentaria, construcción de viviendas y fortalecimiento de economía popular, con transferencias de recursos que recibirán un control de auditoría cada tres meses. De todos modos, el propio gobernador advirtió que el ideal al que se quiere llegar a una solución de tipo estructural para no depender de los mecanismos de transferencia del Estado y así cambiar la lógica actual.
Desde el Ejecutivo provincial se trabajará en el adelantamiento de la tercera semana de febrero a la tercera semana de enero para implementar la nueva tarjeta alimentaria, que implicará un refuerzo de 4.000 pesos para cada beneficiario. Para ello, el Ejecutivo suscribirá un convenio con el Nuevo Banco del Chaco para emitir los plásticos. Consistirá en un “doble sistema sobre el modelo de $4000 más reintegro”, que en el caso de las madres con un hijo, las pensiones no contributivas por incapacidad y la asignación por embarazo será de será un total de $4600; mientras que para las madres de más de un hijo, el monto será de $6000 más reintegro, dando un total de $6900.
También se impulsará que cada uno de los movimientos sociales refuerce la red de proveedores locales y la economía popular, porque significa la posibilidad de que los alimentos que se van adquiriendo puedan ser producidos localmente por movimientos sociales y cooperativas. Para ello se habilitará un registro de proveedores de la economía popular.
En materia de infraestructura, el Gobernador reconoció en conferencia de prensa que “las arcas provinciales están destrozadas”, por lo tanto se está gestionando con el Gobierno Nacional, el financiamiento necesario para reactivar la gran cantidad de planes de viviendas que fueron paralizadas durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri. Una vez logrados estos recursos desde Nación de avanzará en convenios para que a través de cooperativas se reinicie la construcción de viviendas, asegurando la provisión de materiales, herramientas, aberturas y servicios.
Un equipo de ministros del Poder Ejecutivo, que coordinará la titular de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana mantendrá una agenda permanente de trabajo para escuchar las peticiones e inquietudes de las diferentes organizaciones sociales, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Esa mesa de diálogo será el espacio de consulta y reclamos que evite, justamente, la sistemática utilización de los piquetes que han sitiado a la capital provincial y varias localidades del interior en los últimos meses.
