El juez de garantías chubutense Sergio Piñeda no dio lugar al pedido del juez federal Claudio Bonadio para que la Justicia investigue el posible sobreprecio en la construcción de viviendas en la megacausa caratulada "De Vido, Julio Miguel y otro sobre delito de acción pública", impulsada en el 2006 por el abogado Ricardo Moner Sans.
El rechazo se conoció este martes a través de fuentes judiciales en la que aclaran que "el juez Sergio Piñeda hizo suyo los argumentos del fiscal general de Rawson Fernando Rivarola, quien había emitido un dictamen propiciando que el juez Piñeda rechace el pedido del juez Bonadio para que la justicia del Chubut investigue la presunta existencia de sobreprecios".
Se trata de dos programas de viviendas federales ejecutadas en los años 2004 y 2005, por lo que ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá resolver que jurisdicción se hará cargo de la investigación. En agosto del año pasado, Bonadio consideró que la investigación debía realizarse por parte de la la Justicia provincial.
En el caso de Chubut, el pedido del magistrado federal ingresó al ministerio público fiscal en noviembre pasado y fue el fiscal Rivarola quien se expidió en un principio. El juez Piñeda le dio la razón, por lo que ahora todo fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rivarola afirmó que del material remitido no surgiría una investigación previa que permita identificar los hechos que se investigan, conductas que constituyan los delitos, ni el lugar de la comisión del ilícito. En este sentido explicó: "Los elementos aportados por el denunciante no permiten dilucidar el verdadera alcance delictivo y corresponde al juez que previno profundizar la investigación para dar más precisión a los sucesos".
El fiscal general se basó en un informe sobre el Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut realizado por la fiscalía de Rawson donde indicaron que "las empresas contratistas que llevaron a cabo las obras en cada convenio particular suscrito en los programas federales, en particular Gotti S.A., Austral Construcciones S.A. y Juan Felipe Gancedo S.A. no han resultado contratistas de ese Instituto provincial".
