Graciela Alfano
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hace 48 minutos
La Jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Cristina Fortunato, resolvió desestimar el delito de “torturas”, por la cual la fiscal Gabriela Lema había acusado a 8 policías que revestían en la Comisaría 3° de Sunchales. De esta forma, entendió -basado en un fallo del camarista (jubilado) Juan Manuel Oliva- que sólo hubo “apremios ilegales”. Y liberó -previa fianza de 500.000 pesos y otras medidas alternativas- a los dos últimos uniformados que estaban presos desde hacía dos años.
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Esto representa un gran golpe para el Ministerio Público de la Acusación: es que al momento de la imputación, las fiscales Lema y Lorena Korakis, habían recibido el apoyo del Fiscal Regional Diego Vigo. Y entendían que la situación, ocurrida en la madrugada del 18 de octubre de 2019, era el peor caso de violencia institucional en toda la Argentina, desde el regreso a la democracia.
La fiscal Gabriela Lema había pedido la elevación a juicio y adelantó que solicitaría 25 años de prisión para cada uno de siete policías que son investigados como coautores de torturas cometidas en perjuicio de dos hermanos mayores de edad que estaban detenidos en una comisaría de Sunchales (departamento Castellanos, a 40 km. de Rafaela). Y seis años de prisión para el comisario al que investigó como autor de encubrimiento agravado.
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En los últimos días, se llevaron adelante audiencias preeliminares para el futuro juicio. En la misma, se analizó el planteo de las defensas, que entendían que no había “Torturas”, sino “Apremios ilegales”. La diferencia en la calificación jurídica no era menor: el segundo delito tiene una pena de entre 1 y 6 años de prisión, según el artículo 144 del Código Penal. Y, por lo tanto, excarcelable.
Lo cierto es que la Jueza Cristina Fortunato se basó en el fallo del ahora retirado juez de Cámara Juan Manuel Oliva, que había otorgado la libertad a 6 de los 8 uniformados bajo el cumplimiento de medidas alternativas.
Ahora, resta saber qué pasos adoptará el Ministerio Público de la Acusación: si seguirá en pie el Juicio Oral y Público o bien, irá a un procedimiento denominado “Suspensión de Juicio a Prueba”, que implica una probation para evitar ese paso.
Los hechos según la Fiscalía
“Los acusados llevaron a cabo su accionar delictivo entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana aproximadamente del viernes 18 de octubre de 2019 en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300″, precisó la fiscal. También recordó que “los torturados son dos hermanos que habían sido legalmente privados de su libertad”.
Afirmó que “las víctimas sufrieron graves tormentos físicos y psicológicos mientras estaban maniatadas con los brazos hacia atrás”, y aclaró que “uno de los hombres atacados tenía esposas y el otro, precintos ajustados más de lo necesario”. Al respecto, aseveró que “ambos estaban en situaciones de vulnerabilidad”.
“De acuerdo con un plan previo, los uniformados insultaron y golpearon con los puños, los pies y hasta con un palo a los hermanos”, relató la representante del MPA. Asimismo, dijo que “los humillaron y los amenazaron con quitarles la vida. Además, a una de las víctimas le aplicaron la técnica conocida como submarino seco, mediante la cual se genera asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también lo amenazaron con agredirlo sexualmente”.
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Por otra parte, Lema narró que “como consecuencia de un golpe en la nuca, una de las víctimas atravesó un ventanal de vidrio y sufrió lesiones muy graves en distintas partes de su cuerpo, entre ellas, un corte en la vena yugular interna”. En tal sentido, sostuvo que “de hecho, pudo salvar su vida gracias al accionar de los médicos que lo atendieron”.
Por último, Lema explicó que “minutos después, el comisario investigado llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes”. Añadió que “en su carácter de jefe, ordenó a los otros siete agentes que limpiaran el lugar, motivo por el cual se le endilgó el delito de encubrimiento agravado”.
