En la madrugada de este sábado, se conoció la resolución del Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Javier Bottero, que impuso la prisión preventiva por 90 días a 4 expolicías y uno en actividad, acusados de formar parte de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino, por la cual, ya se había acusado a 14 personas (4 con prisión preventiva, dos en domiciliaria). Tres de los retirados habían sido Jefes de la Unidad Regional V de Policía, con sede en Rafaela pero con cobertura en todo el departamento Castellanos.
Con el correr de las horas, se conocieron las imputaciones realizadas por Martín Castellano, titular de la Sección de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rafaela. Los cuatro policías retirados que son investigados son Javier Gorosito de 52 años; Juan Pablo Bengochea de 48 años (hizo la mayor parte de su carrera como oficial en Rosario); José Jorge Pérez de 51 años (exsubjefe de la policía provincial); y Fabián Forni de 57 años. Por su parte, el integrante de la fuerza imputado y que está en actividad es Flavio Aranda de 39 años (estuvo en PDI Rafaela y fue jefe del Comando Radioeléctrico de Rafaela).
Perez, Forni y Bengoechea fueron Jefes de la UR V de Policía. Gorosito fue jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público (AUOP) y Aranda integró la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V.
Las acusaciones
A los cinco hombres les atribuyó la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, Bengoechea, Forni y Aranda les endilgó –en concurso real– ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.
Pagos de hasta $280.000 mensuales
"Los cuatro policías retirados y el policía en actividad junto a otros dos civiles de sexo masculino que ya habían sido imputados anteriormente –David "El Gordo" Perona y Marcelo Uberti–, acordaron constituir y formar parte de una asociación de carácter delictivo de manera estable, con suficiente organización y roles definidos (aunque dinámicos)", comenzó explicando el fiscal Castellano en la audiencia.
El funcionario del MPA sostuvo que "la asociación ilícita estaba destinada al ejercicio regular y habitual de organización, administración y explotación de juegos de azar que no contaban con la debida autorización emitida por las autoridades competentes en la materia".
"Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias", describió el fiscal.
El fiscal argumentó que "la entrega del dinero era a raíz de la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización criminal sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles".
Castellano especificó que "el accionar ilícito de los imputados consistió en brindar información –incluso de investigaciones fiscales en curso– para que los civiles conserven a resguardo las 'salas' de juego". También subrayó que "impartieron instrucciones para optimizar el rendimiento de la explotación ilegal; volcaron su influencia para obstruir o inhibir cualquier tipo de control, actuación o procedimiento policial y facilitaron las condiciones necesarias para que las 'salas' pudieran habilitarse, mantenerse en el tiempo o bien cerrarse temporalmente, incluyendo el suministro de información sobre investigaciones fiscales en curso".
Castellano añadió que "los pagos eran de entre 120 y 280 mil pesos y se hacían de forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la modalidad establecida por el jefe policial de turno". También precisó que "algunas entregas de dinero se hicieron en el edificio de la Jefatura de Policía de Rafaela, pero otras las hacían personalmente los civiles imputados en la vía pública". En tal sentido, refirió a los lugares en los que se concretaron y enumeró "la intersección de la avenida Mitre y calle José Ingenieros; inmediaciones de calle Primera Junta a la altura de una de las tribunales laterales del estadio del Club Atlético Rafaela; y la avenida Roque Sáenz Peña frente al monte de eucaliptus".
Juego clandestino
Castellano advirtió que "a partir de enero de 2017, a los hechos delictivos que constituían el objeto de la asociación ilícita desde su inicio, se añadió el ejercicio habitual y continuo de la actividad de organización, administración y explotación de juegos de azar sin autorización". El fiscal explicó que "estaba dirigida a un público indefinido y variado que concurría de manera fluida y asidua a los establecimientos puestos a disposición a tales fines o bien ingresaba a páginas online para disputar los juegos de azar".
"El entramado de negocios ilegales indicados fue desplegado en cuatro inmuebles en la ciudad de Rafaela, dos en Sunchales y uno en la localidad de Ramona", afirmó y agregó que "mediante la puesta a disposición de locales físicos de acceso libre en los cuales los asistentes disputaban juegos de azar mediante la utilización de máquinas y equipamientos electrónicos o bien a través de la modalidad denominada 'juego o casino on-line'".
El fiscal del MPA también concluyó que "a estos fines, los miembros de la organización vendían 'créditos' para que los adquirentes ingresen a sitios web que se les indicaba en condiciones de disponer de recursos para apostar en el marco de partidas online de juegos de azar, asumiendo la misma, en consecuencia, la condición de intermediaria en el flujo de dinero entre los portales web de apuestas y los jugadores".
