El Concejo Municipal de Rafaela sesionó por primera vez a través de una videoconferencia y de forma extraordinaria, convocada por el intendente Luis Castellano. El mandatario local no dejó pasar el tiempo y promulgó las Ordenanzas Nº 5.177 y 5.178. Esto quiere decir que los nuevos valores rigen ya desde este viernes.
Tal como lo había adelantado Vía Rafaela, uno de los temas fue la reducción de de las multas por el no uso del barbijo social o "tapabocas". Hasta hoy estaba vigente la obligatoriedad por decreto y los montos impuestos para cualquier otra infracción, que iban desde $27.000 hasta $90.000. Es por ello que los ediles acordaron con el fiscal municipal Daniel Fruttero disminuirla. Es así que se establecieron multas que van desde los 4 mil hasta los 24 mil pesos para quienes infrinjan la normativa vigente.
En cuanto a la graduación de las sanciones, serán los Jueces de Faltas quienes la definirán basándose en "los antecedentes del infractor y la gravedad del incumplimiento en cada caso, pudiendo incluso, ordenar la realización de hasta 60 horas de trabajos comunitarios como pena accesoria a la multa", entre otras consideraciones.
De la obligatoriedad del uso de las máscaras protectoras quedan exceptuadas las personas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista y las que por motivos de salud, debidamente justificados, tengan contraindicado su uso
Prórroga de compra directa
Por otro lado, se trató la autorización que se encuentra próxima a vencer, establecida por la Ordenanza Municipal N° 5156 en donde el Departamento Ejecutivo Municipal, en virtud de la situación de escasez de combustibles, puede comprar en forma directa de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756, artículo 11.
Es por dos años (hasta el 30 de abril del 2022), algo más de lo que tradicionalmente sucede (que es anual). Vale destacar que para el control de esto, en cada apertura de ofertas están presentes concejales de la oposición. El texto aprobado dice que que "resulta indispensable para la prestación de los servicios declarados esenciales" en el marco de "una virtual paralización" que pone en riesgo su suministro "debido a su alta demanda".
