La Justicia avanza en las investigaciones sobre el manejo de fondos públicos por parte de las organizaciones sociales durante el Gobierno de Alberto Fernández. El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita imputó al exsecretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Los avances en la investigación sobre los piqueteros significaron una buena noticia para el Gobierno de Javier Milei, que a poco de asumir habilitó la línea telefónica 134 del Ministerio de Seguridad para denuncias anónimas, lo que dio origen a la causa.
En el regreso de la feria judicial, Casanello procesó a Belliboni por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, le dictó un embargo por $390 millones y le prohibió salir del país e ingresar a los comedores sociales que están bajo la lupa.
El magistrado sostiene que el Polo Obrero desvió fondos recibidos del programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) con fines partidarios. Según su resolución, las contraprestaciones correspondientes al plan no solo no se realizaron, sino que ni siquiera se ofrecieron.
De esa manera, “aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, advirtió Casanello.
Y agregó: “Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”.
El juez cree que en esta maniobra no solo intervino Belliboni y por eso también procesó a otros 17 dirigentes sociales por diferentes delitos: como autores o partícipes del fraude al Estado, autores de amenazas y amenazas coactivas.
A su vez, el fiscal Pollicita imputó y pidió citar a indagatoria a Pérsico, el exsecretario de Economía Social de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, con la hipótesis de que él y otros exfuncionarios actuaron en complicidad con Belliboni para desviar esos fondos millonarios destinados a la ayuda social.
Para la fiscalía, “no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social”, sino de “una matriz de corrupción” coordinada entre ambas partes que operó desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023.
La investigación dispuso que, bajo las figuras asociativas “Asociación Polo Obrero” y “Cooperativa El Resplandor Ltda.”, de los fondos del Potenciar Trabajo.hubo personas que administraron “de manera indebida al menos una parte”
En ese contexto se comprobó para la Justicia “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados (al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’) para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
La respuesta del Polo Obrero
El Polo Obrero informó en un comunicado que en los próximos días presentará una apelación pidiendo la nulidad de los procesamientos, que calificaron como “vergonzosos”. Los detalles serán brindados este martes a las 10 en conferencia de prensa.
La organización señaló que la medida adoptada “viola el derecho a la defensa, al negar la ampliación de indagatoria de Eduardo Belliboni y María ‘Tango’ Dotti (otra de las procesadas) que fueron presentados antes de la feria judicial y que solicitaron presentar más pruebas refutando las acusaciones”.
“La construcción del juez es una amalgama de mentiras que ignora la realidad y las pruebas presentadas con el objetivo de avanzar en la persecución y criminalización del Polo Obrero, por el rol que ha jugado en la organización y la movilización de los barrios más explotados del país”, enfatizaron.
En ese sentido, advierten que primero “no se quiso mostrar las pruebas a los imputados antes de indagarlos” y “ahora se dictan los procesamientos antes de que se realice la pericia sobre las cámaras de la sede de la asociación civil, donde se va a mostrar que se realizó en forma irregular, sin testigos que entraran a tiempo y apagando las cámaras”.
También negaron que los beneficiarios de planes no trabajaran. “Cuando solamente en el comedor Mariano Ferreyra de Bajo Flores se cocinaba todos los días para 600 familias. ¿Quién cocinaba? Se construyeron casi 50 sedes en todo el país de las cuales se aportaron fotos y pueden ser visitadas y en varios casos se terminaron aportando fondos solidarios ante la falta de otorgamiento de los fondos oficiales ¿Quién las construyó? Se realizaron cientos de cursos y talleres en todo el país, se realizaron capacitaciones para formación laboral en el rubro gráfico, textil, sublimado, talleres culturales, periodismo comunitario, entre otros rubros”, precisaron.
