El fiscal Diego Luciani afirmó después de nueve audiencias de alegatos que “Néstor y Cristina Kirchner instalaron la mayor matriz de corrupción” que se vivió en el país. Por esto, pidió 12 años de cárcel para la exmandataria y el resto de los funcionarios que estaban involucrados en la causa Vialidad.
En ese marco, durante todas las jornadas de audiencias, desde la fiscalía presentaron una serie de pruebas que permitieron involucrar al matrimonio presidencial junto a las acciones que realizaba el empresario amigo, Lázaro Báez. De hecho, la fiscalía mostró que hubo al rededor de veinte negocios entre los expresidentes y el empresario K.
El Ministerio Público Fiscal trazó una línea directa entre estos porcentajes: mientras Austral Construcciones “se convertía en el principal contratista de obra pública, parte de esos fondos fue al patrimonio de Lázaro Báez y en una segunda etapa se montó un esquema de reciclaje, para enriquecer a Néstor y a Cristina Kirchner”.
Cuáles son las pruebas que mostró la fiscalía contra Cristina Kirchner
El paso de Lázaro Báez a empresario
El primer paso de la fiscalía fue “la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial”. De esta manera, en mayo de 2003, Austral Construcciones inició su actividad que dejó de operar en diciembre de 2015. Sin experiencia en el mundo de la construcción vial, “ganó de manera sistemática contratos con los que no podía cumplir”, afirmó Luciani.
En este punto, los fiscales analizaron cómo “la modificación de plazos y costos de obra ocultó la incapacidad de construcción que tenía Austral”. Permitieron, en base al análisis de los pliegos licitatorios, que en más de una ocasión tres empresas de Báez compitan por la misma obra, ofertando “siempre por encima del presupuesto oficial y subiendo el mismo hasta en un 20%”.
La orden política de favorecer a Báez
Para la fiscalía, hubo dos aspectos que se combinaron para darle la prioridad a Austral Construcciones en 51 de las licitaciones. Por un lado, la voluntad política de favorecer a Báez, que impulsaban los expresidentes, como también un sistema de “simulación de licitaciones, porque fueron obras amañadas, parte de la cartelización de la obra pública que había en Santa Cruz”.
Acá es donde la fiscalía vinculó a Julio De Vido junto a José López como los principales ejecutores de los planes para que las licitaciones queden en manos del empresario amigo.
Los mensajes de José López y la aparición de Cristina Kirchner
Los mensajes del teléfono de José López, secuestrado por la Justicia la noche en la que fue capturado por arrojar los bolsos en un convento, mostraron la forma en la que se llevaban a cabo los cobros de las obras. En ese sentido, Luciani aseguró que quedó al descubierto “un canal exclusivo de pagos que se diseñó para que Báez cobre anticipadamente. Le preadjudicaron obras en 24 horas”.
En esos mensajes, aparece Cristina Kirchner como la cuando López hablaba de “limpiar todo” antes de diciembre de 2015, cuando finalizó el mandato de la actual vicepresidenta. Para Luciani, “la entonces Presidenta intervenía de forma directa en las obras que se hacían en Santa Cruz; la señora sabía todo, decidía todo y fue quien ordenó que siempre se le pague de forma prioritaria a Báez”.
Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, el escenario elegido
“Santa Cruz, lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez”, expresó Luciani.
Al mostrar las 17 obras que no fueron incorporadas en las leyes de presupuesto durante la gestión kirchnerista, el fiscal dijo: “procedieron de espaldas al Congreso porque nunca lo informaron de este conjunto de obras omitidas año tras años”.
