El hallazgo de cámaras ocultas en los despachos oficiales del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, generó un fuerte impacto político y mediático en Entre Ríos, al interpretarse inicialmente como una maniobra de espionaje reciente. Sin embargo, una investigación publicada por la revista Análisis aportó nuevos elementos que modifican sustancialmente el escenario.
De acuerdo a fuentes vinculadas a la gestión anterior, los dispositivos fueron instalados a principios de 2018 por decisión del entonces secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, durante el gobierno de Gustavo Bordet. Las cámaras habrían sido colocadas con el objetivo de “controlar movimientos” en los despachos cuando los funcionarios no se encontraban presentes.
Incluso, el propio Bordet habría solicitado la instalación de una de ellas en su oficina, luego de advertir movimientos extraños en su despacho. Esa cámara es una de las que fue encontrada esta semana en la actual oficina del gobernador Frigerio.
El sistema estaba compuesto por cámaras analógicas básicas, disimuladas en sensores de movimiento, conectadas por cableado a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. No contaban con conexión a internet ni transmisión remota. Según las fuentes consultadas, el sistema fue desactivado en febrero de 2019, luego de que Kueider denunciara haber sido hackeado.
“Después que lo hackearon, se desconectó todo. No tienen corriente, no funcionan y no hay imágenes”, afirmaron. El DVR fue retirado en aquel momento y los cables quedaron sueltos, aunque las cámaras permanecieron físicamente en los lugares donde habían sido instaladas.
En total, había dispositivos en la antesala, en la oficina del secretario general, en el pasillo entre ambos despachos y en la oficina del gobernador. Llamó la atención que permanecieran a la vista durante años sin ser detectados por los equipos de seguridad de las gestiones posteriores.
El antecedente directo se remonta a enero de 2019, cuando Kueider recibió un correo anónimo con videos obtenidos desde esas mismas cámaras, lo que evidenció que el sistema había sido vulnerado. En las imágenes se lo veía en su despacho manipulando fondos reservados. El episodio derivó en una denuncia judicial que nunca avanzó y terminó archivada.
A la luz de estos datos, los elementos encontrados en Casa de Gobierno no corresponderían a un sistema de espionaje activo ni reciente, sino a dispositivos remanentes de la gestión anterior, sin funcionamiento desde hace casi siete años. No obstante, el hecho volvió a poner en discusión prácticas del pasado y reabrió un debate político sobre los mecanismos de control, transparencia y resguardo institucional en la provincia.
