El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, llegó este martes a la Legislatura para presentar un proyecto que permita la minería con sustancias químicas en algunas zonas del departamento. La Asamblea Popular por el Agua convoca a una marcha y concentración.
La cita es para el miércoles 12 a las 18 horas en el kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza, bajo el lema “No a la megaminería” y para defender la Ley 7722 que protege el agua pura.
“Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) rechazamos enérgicamente el proyecto de zonificación minera presentado por el intendente de Malargüe”, comienza la publicación oficial.
En el texto explican que si se aprueba el proyecto de zonificación minera les permitiría a las empresas utilizar sustancias tóxicas como xantato y cianuro. En ese sentido, el proyecto presentado por el radical Ojeda viola la ley 27.566.
Dicha ley ratifica el acuerdo de Escazú que establece el principio de no regresión en materia ambiental, por lo que cualquier modificación minera que reduzca el alcance de la ley 7722 es inconstitucional.
“Desde AMPAP nos oponemos al modelo extractivista. Nos declaramos en alerta y movilización ante la nueva embestida pro-minera. Invitamos a los vecinos y vecinas de todos los municipios de la provincia y a los distintos sectores sociales a manifestarse en defensa del agua y la vida”, cierra la publicación.
La propuesta del intendente para tener minería en Malargüe
El intendente del departamento del Sur se hizo presente junto a la senadora, Jesica Laferte este martes en la Legislatura con un proyecto que propone explotar sectores de Malargüe con minería que use sustancias químicas.
Este plan excluye a partes limítrofes con otras provincias y municipios, dejando de lado también zonas pobladas, parajes, humedales, entre otros sectores de importancia para la población.
Hasta el momento el apoyo del Gobierno provincial no estaría en este proyecto, pero el político malargüino insistió en hacerlo de una forma oficial y formal en la casa de las leyes.
Esta propuesta ha sido muy controversial en el ámbito político y público, porque una parte asegura que es la posibilidad de empleos para muchos mendocinos y otros sostienen que es un peligro para el agua pura.
