El senador Lucas Ilardo -Frente de Todos- presentó un proyecto en la Legislatura de Mendoza para modificar el artículo 5 de la Ley N° 9076 "Control y erradicación de la plaga Lobesia Botrana en la Provincia de Mendoza".
La iniciativa también es apoyada por la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, quien ya hizo gestiones y trabajó en el tema.
Ilardo comentó sobre la crisis de rentabilidad y sostenibilidad económica de la industria vitivinícola producto de un aumento considerable de sus costos de producción y del bajo precio de su producto.
"La estructura de costos del sector vitivinícola tiene un componente sustancial de insumos que se vieron fuertemente incrementados en su valor por las devaluaciones producidas en el 2do semestre del año 2019. Lo mismo con la tarifa eléctrica de las propiedades que dependen de manera total o parcial de agua subterránea extraída mediante bombeo", argumentó el senador.
Se calcula que cerca de 2000 productores vitícolas tienen su sostenibilidad complicada, en muchos casos con abandono parcial o disminución de los niveles de cuidado y manutención de sus viñedos.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura que dirige Luis Basterra, y gracias a gestiones que hicieron Fernández Sagasti en conjunto con el INV, enviará este año la suma de $252 millones para combatir la Lobesia Botrana.
Esta cifra supera ampliamente los 40 millones de pesos que se giraron en 2019, durante la gestión anterior.
El programa está financiado en gran parte por la Nación, una parte por la provincia y otra por los mismos productores con más de 10 ha.
"Entendemos que es una gran oportunidad para analizar la posibilidad de que menos productores paguen otra contribución que los asfixia", comentó Fernández Sagasti.
Por eso consideramos que, dado el incremento sustancial del aporte financiero del Estado Nacional para financiar el Programa de Control y Erradicación de la plaga Lobesia Botrana en Mendoza, respecto a las últimas campañas; es posible eximir de la contribución obligatoria especial a cargo de todos los productores vitícolas radicados en la Provincia de Mendoza registrados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.), por la superficie productiva cultivada con vid hasta 50 (cincuenta) hectáreas dice el Proyecto presentado en el Senado.
