Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de ambas Cámaras legislativas y la Bicameral de Seguridad recibieron esta mañana al ministro de Seguridad Gianni Venier; al director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet; y al director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.
El objetivo: explicar los alcances del proyecto de ley anunciado por Alfredo Cornejo el 1º de Mayo, que modifica la Ley 8465 de "Régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad, estableciendo la resocialización mediante la educación, la capacitación y trabajo obligatorio de presos y participación de la víctima".
Se trata de la norma que obliga a los presos con condena firme de Mendoza a someterse a la resocialización mediante la educación, la capacitación y trabajo, así como la participación de la víctima en el proceso a la hora de otorgar beneficios.
“Para la sociedad, las cárceles son fábricas de delincuentes. Como Estado no encontramos productos que fijen que los presos no tengan conductas ociosas. Por eso atacamos ese problema, porque consideramos que de esa manera no van a cometer delitos, van a ir mejorando y ese mejoramiento servirá para permitirles una resocialización económica, que lo va a dar el trabajo y la capacitación”, explicó Venier en su exposición.
Respecto al proyecto de ley, especificó que se trata de “un sistema progresivo, de modo tal que el condenado sienta la necesidad y se vea obligado a romper el estado de ociosidad”.
El ministro además explicó que con esta propuesta promueven que el interno “sienta la necesidad de trabajar para sentirse útil dentro del sistema”. Esta posibilidad será voluntaria, pero quien no trabaje no recibirá los beneficios del Sistema de Ejecución.
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