Dos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que cometieron delitos de lesa humanidad, previo a la última dictadura cívico militar de la Argentina, serán juzgados el próximo mes en un proceso judicial oral y público ante la justicia Federal de Mar del Plata, informaron fuentes judiciales.
Tras el primer juicio a civiles, que se desarrolló en diciembre de 2016 en esta ciudad bonaerense, y que condenó a siete integrantes de la CNU, el próximo 11 de septiembre dos nuevos acusados -Oscar Hector Corres y Eduardo Salvador Ullúa-, comenzarán a ser juzgados en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, sito en la avenida Luro al 2450 de esta ciudad.
El tribunal que juzgará los hechos que se ventilarán en este proceso judicial estará conformado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y en representación del Ministerio Público Fiscal actuará el doctor Pablo Ouviña.
El fiscal marplatense Nicolás Czizik, que estuvo a cargo de la instrucción, señaló al pedir la elevación de la causa a juicio oral que está acreditado que la organización sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y contó con cobertura y consentimiento estatal para ello.
El fiscal Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que tenían sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976.
Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita junto a otros siete miembros condenados en diciembre de 2016, con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación (CNU) de derecha a la que pertenecían.
Ullúa fue detenido, tras estar nueve años prófugo, en abril de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando estaba por ingresar a su departamento. Ullúa se recibió de abogado cumpliendo condena en la cárcel por una causa de narcotráfico conocida como "Operación Langostino", con una pena a 17 años de prisión, aunque salió con libertad condicional cuando cumplió los 11 años y 4 meses de encierro.
Ullúa está procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.
En el histórico juicio que finalizó en diciembre de 2016, fueron condenados a prisión perpetua el ex fiscal Gustavo Demarchi, Fernando Alberto Otero y Mario Ernesto Durquet, mientras que José Luis Granel fue condenado a siete años, Juan Pedro Asaro a cinco años y Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Asaro a tres años. En tanto que Raúl Rogelio Moleón y Raúl Arturo Viglizzo resultaron absueltos.
