Se obsesionó con una alumna que tenía a su cargo y todo terminó mal: la víctima lo denunció, lo llevaron ante la Justicia de Jujuy y un Tribunal determinó que el preceptor cometió el delito de “grooming” en perjuicio de la adolescente, por lo que fue condenado a la pena de 24 meses de prisión de ejecución condicional.
El caso sucedió en San Antonio -a 32 km de la capital San Salvador de Jujuy- en el año 2022 y el acusado, un hombre de 58 años de edad identificado como J.L.V., fue juzgado mediante un juicio abreviado que concluyó esta semana cuando el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Luciano Elio Yapura, Felicia Ester Barrios y Luis Ernesto Kamada emitió sentencia.
El enjuiciado fue considerado penalmente responsable del delito de “grooming” y la pena dictaminada por los magistrados es de 24 meses de prisión de ejecución condicional.
EL FALSO ARGUMENTO DE UNA CONFUSIÓN
El ayudante fiscal Bruno Carchidi, en su carácter de representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) planteó ante el Tribunal que el ilícito se produjo en el transcurso del año 2022 cuando de manera inapropiada “el acusado le envió mensajes a la joven alumna con el fin de establecer comunicación con la misma”.
En un principio el preceptor “se justificó diciéndole a la menor que se había confundido y que el mensaje era para otra persona”, pero de esta forma logró “continuar la conversación” con la joven, que entonces contaba con 15 años de edad.
“J.L.V. mantuvo una comunicación prolongada con la intención de atentar contra la integridad sexual de la adolescente”, sostuvo el fiscal en su momento, al pedir que la causa pase a la etapa de juicio, lo cual acaba de concluir con la condena al acusado.
El Tribunal presidido por el juez Yapura determinó además que el sentenciado deberá cumplir durante el término de la condena una serie de reglas de conducta, advirtiéndole que “en caso de incumplimiento se revocará la condicionalidad de la pena y deberá cumplirla de manera efectiva”, es decir en la cárcel.
Así es como el condenado deberá someterse a la supervisión del Patronato de Liberados y Encausados y de la Oficina de Control y Probation del Ministerio Público de la Acusación; y asistir y acreditar tratamiento psicológico, por el plazo de la condena o hasta su alta por profesional tratante.
De igual modo J.L.V. deberá asistir y acreditar la realización de un curso sobre Violencia de Género hacia las Mujeres, en un institución pública y/o ONG especializada en la problemática.
También los jueces dispusieron “la prohibición de acercamiento a una distancia no menor de 500 metros de la víctima; abstenerse de ejercer contra ella y su grupo familiar directo todo acto de violencia por sí o por interpósita persona, en cualquiera de sus tipos (física, sexual, psíquica y social, etc.) y por cualquier medio, incluido el espacio digital (personal, telefónicas, mensajes de WhatsApp, o demás plataformas digitales y redes sociales), así como de todo acto de perturbación, intimidación en contra de la misma”.
DEBERÁ PAGAR EL DAÑO CAUSADO
El ayudante fiscal Carchidi había solicitado al Tribunal que el condenado se haga cargo del pago de una suma de dinero en concepto de reparación de daños a la progenitora de la víctima, como así también el recupero de costos de la investigación a favor del Ministerio Público de la Acusación.
Los jueces respondieron favorablemente a esto y en consecuencia el ahora expreceptor deberá también afrontar esos reclamos.
Señalaron finalmente fuentes del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Poder Judicial de Jujuy que el Tribunal de Juicio ordenó poner en conocimiento al Ministerio de Educación de la Provincia sobre lo resuelto en este trámite, en razón de la función que cumplía el sentenciado.
En Jujuy funciona la línea gratuita 102 para la atención de cualquier caso de emergencia de situación de vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes. Habilitado las 24 horas, es un servicio dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.
