Un corte de la Ruta Nacional 9 en Tilcara realizado este miércoles por miembros de comunidades indígenas que se manifestaban en contra de la megaminería y medidas judiciales que afectan a sus territorios, por una orden de la Justicia Federal derivó en la demora de varias personas y el parcial desalojo del corredor vial. Los protagonistas de la protesta denunciaron la violencia con que se había concretado el operativo, lo cual fue negado rotundamente por la Policía provincial.
Encabezada por unos 40 integrantes de la Comunidad Indígena Cueva del Inca, la protesta se produjo a la altura del paraje Huichaira. A través de un audio distribuido por WhatsApp desde el baño de la Comisaría 14 de Tilcara, una de las personas demoradas había afirmado que eran seis, al detallar que "los detenidos somos Fany Moreno, Walter Condorí, Rosario Condorí, Enzo Cabana, Orlando Valerio y Lihuén Aramayo".
"Hubo una salvaje represión contra los hermanos que provocó seis detenciones y al menos catorce personas heridas, entre ellas adultos mayores que acompañaban el reclamo", dijeron referentes de la comunidad Cueva del Inca.
Por su parte, a través de conductos oficiales la Policía de la Provincia negó "terminantemente el uso de la violencia y represión en el despeje de Ruta Nacional 9 a la altura de Huichaira – Tilcara, ordenado por la Justicia Federal". También puntualizó la fuerza que "en el operativo, resultaron heridos 3 efectivos, entre ellos una mujer policía".
En su versión de los hechos, la Policía puntualizó que "a horas 11, se produjo un corte de tránsito total sobre Ruta 9 por parte 35 personas pertenecientes a la Comunidad Aborigen ´Inca Cueva´, razón por la cual la Justicia Federal inició actuaciones penales, imputando a quienes continuaron con el corte total del tránsito".
Dijo también la fuerza que "en este contexto, fueron demoradas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes ya recuperaron la libertad", dice el texto difundido esta noche.
Una integrante de la comunidad, Marisa Palacios, explicó que con el piquete se buscaba visibilizar el reclamo de que se "levanten las resoluciones emitidas por el juez provincial Sebastián Cabana quien ordenó -a través de una medida cautelar- que los miembros de la comunidad Cueva del Inca no podemos realizar ninguna innovación en el territorio y eso afecta la vida de unas cien familias".
El planteo tiene origen en que en marzo de 2015 el magistrado dispuso una medida cautelar prohibiendo "innovar en los territorios" de esa comunidad a raíz de una denuncia realizada por la familia Mendoza, que reclama la propiedad de los territorios en ese punto de la Quebrada de Humahuaca, situado a unos 86 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy.
Otro de los reclamos -señaló Palacios- es que "se está contaminando las aguas de la puna, más precisamente de la Laguna de Pozuelos, por proyectos mineros en ejecución como el de Chinchillas", especificó.
