Adriana Moris es docente secundaria; vive y trabaja en la ciudad de Libertador General San Martín y desde hace siete años viene luchando por ser beneficiaria de una vivienda.
Todo comenzó en el año 2011, cuando producto de un estallido social por el hacinamiento y la falta de viviendas, pobladores de la zona tomaron tierras pertenecientes a la empresa Ledesma.
La ciudad de Libertador -a 120 kilómetros de la capital jujeña-, tenía un problema histórico en cuanto a soluciones habitacionales con respecto al crecimiento demográfico, el índice de hacinamiento (40% de la población) era mucho mayor que la media provincial. Existían entonces unas 12.500 viviendas, pero eran más de 8.000 familias las que necesitaban un techo. Esto, más la falta de tierras para la construcción de viviendas, produjo que miles de personas tomaran tierras de la empresa Ledesma, desencadenándose una represión durante el desalojo con un resultado final de cuatro muertos y decenas de heridos, muchos de ellos con impactos de perdigones de plomo.
El conflicto se extendió a nivel provincial y nacional, las tierras finalmente no pudieron ser desalojadas y las tomas se extendieron a lo largo de cinco kilómetros del pueblo, también en la ciudad de Calilegua y luego en Fraile Pintado, Caimancito, El Talar, Palpalá, San Pedro, Perico, San Salvador de Jujuy y La Quiaca. En total se registraron 170 tomas en toda la provincia.
Los bomberos voluntarios de la ciudad de Perico tomaron tierras para instalar su cuartel, que había sido prometido durante años. Policías y sus familias, enfermeras, docentes y hasta profesionales se sumaron a las tomas, producto de la falta de políticas públicas para el acceso a la vivienda y tierras fiscales, de parte de la gestión del entonces gobernador Walter Barrionuevo.
Ante un conflicto de esa magnitud la primera medida del Gobierno fue la expropiación de 40 hectáreas en Libertador General San Martín, que después se extendió a unas 120 hectáreas en la localidad.
Para dar respuestas a nivel provincial se articuló un programa de emergencia llamado "Un lote para cada familia que lo necesite"; a partir de esto se hizo un censo en las diferentes tomas.
El estado continuó comprando tierras, expropiando otras y utilizando terrenos fiscales para entregar a los inscriptos en el programa. Es así como docentes de Libertador fueron incluídos en "Un lote para cada familia que lo necesite".
Recuerda Adriana Moris que entonces "docentes del nivel primario y secundario fueron llamados a inscribirse absorbidos cada uno por sus gremios, los cuales se hicieron cargo de inscribirnos, armar las carpetas con los papeles necesarios y correspondientes de cada docente para la adquisición de dichos terrenos".
Los inscriptos recibieron en el año 2013 una oblea que refiere la entrega de un lote individualizado con los datos correspondientes a manzana y número.
Producto de "manejos irregulares y poco claros" comienzan los primeros conflictos para los profesores ledesmenses ya que "estos terrenos no fueron entregados inmediatamente porque debía realizarse obras como desmalezamiento, rellenado y alisado del terreno, alumbrado y agua, y siempre nos hacían esperar".
Fue recién en 2014 cuando el secretario general del CEDEMS -sindicato de los profesores-, Marcelo Mendez, y el secretario de Finanzas, Alejandro Álvarez, firmaron con el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), José Lucio Abregú "un convenio donde el IVUJ se comprometía a realizar las viviendas (sobre los lotes entregados a cada docente)", relata Moris.
Para 2015 "las viviendas apenas habían sido comenzadas a construir. El nuevo gobierno se hizo cargo de las obras y las terminó. Hoy, un grupo de esas viviendas están totalmente terminadas y a otro grupo de viviendas le faltan detalles", cuenta la docente ledesmense.
"El conflicto -continúa diciendo- comienza cuando sucede el cambio de gobierno y el cambio de autoridades del CEDEMS. Asume el señor Ricardo Ajalla y es ahí cuando este convenio queda en el aire. Nadie se hizo cargo. Nosotros (estábamos) confiados en que los trámites continuaban y que la viviendas nos iban a ser entregadas, pero cuando empezamos a hacer averiguaciones, el nuevo secretario general no tenía conocimiento de nada, no aparecían nuestras carpetas ni las listas de los profesores beneficiarios de esas viviendas. Se echaban la culpa unos a otros de que no dejaron nada cuando se fueron del gremio; el anterior secretario general decía que sí dejó y el nuevo decía que no recibió nada", relata con preocupación la entrevistada.
Para conocer el verdadero estado de situación, los afectados requirieron por nota al IVUJ “que se nos informe cuál era nuestra situación, nunca recibimos una respuesta” y ante pedidos de audiencias solicitados en conjunto con el titular del sindicato, hubo una reunión en la que “participó Ajalla solo y no sabemos que se habló; siempre nos responden con evasivas y es así que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta”.
"Por otro lado, el IVUJ niega la existencia de dicho convenio, aducen que cuando llegaron después del cambio de gobierno no había nada, que nosotros no tenemos un convenio, que ADEP -gremio de los maestros- si tiene pero el CEDEMS no. El 12 de octubre van a ser entregadas quince viviendas a los docentes de primaria, mientras que nosotros hasta el día de hoy no tenemos respuestas y siguen negando los convenios y el acta acuerdo que fue firmada en agosto del 2014", describió la docente, exhibiendo el documento al que hace referencia. "Tuvimos que recurrir a la Justicia -agregó- y un abogado nos está haciendo los trámites, pero sin respuestas", hasta el momento.
Las unidades que entregará el IVUJ el 12 de octubre próximo, en un número de 30, son parte de un conjunto de 120 casas construidas en una extensión de 28 hectáreas que fueron distribuidas entre diferentes gremios y organizaciones sociales. De esas 30 unidades, quince viviendas serán entregadas a afiliados de ADEP.
El conflicto suscitado, dice Moris, es porque "lo que quiere hacer el gobernador Morales ahora con esas casas -las restantes- es que sean entregadas por libre demanda. No sabemos quiénes van a participar de ese sorteo, ni siquiera nos ofrecieron inscribirnos a nosotros en esa lista, ni siquiera ahí estamos inscriptos", se quejó.
Con desasosiego, finalmente narra Adriana Moris que después de siete años sin respuesta "no vamos a dar el brazo a torcer, porque esas viviendas están construidas sobre nuestros terrenos, que jamás nos entregaron, con la promesa de hacer la vivienda", concluyó.
