Un grupo de abogados autoconvocados rechazó el anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial orientado a suspender procesos judiciales que ordenen al Estado jujeño el pago de sumas de dinero, al tiempo que solicitaron la promoción de juicio político contra el gobernador Gerardo Morales por considerar que la iniciativa es "inconstitucional" y "atenta con la propiedad privada".
En representación del grupo, se presentaron en la sede de la Legislatura para iniciar el trámite los abogados Riad Quintar y Alberto Nallar.
"Queremos cobrar los juicios, porque sentencias tenemos, y avaladas por el Superior Tribunal de Justicia en todos los casos, porque el Estado apela todos los juicios. Queremos cobrar lo que es nuestro, de los clientes, y nuestros honorarios", resumió Quintar ante los periodistas parlamentarios.
El texto oficial ya está en debate en la Legislatura y, según trascendió, su articulado se orienta a la suspensión -mientras dure la pandemia por coronavirus- de la "iniciación de trámites y procesos de ejecución" de sentencias que ordenen el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en la obligación de pagar, y el dictado o ejecución de medidas cautelares y ejecutivas contra el Estado provincial.
Conocida la novedad, un grupo de abogados autoconvocados redactaron un pedido de promoción de juicio político contra el Gobernador por considerar que "no tiene facultades para generar una ley de estas características".
"Se ha pedido la promoción de un juicio político en contra el Gobernador a raíz de un proyecto de ley que está impulsando para declarar la suspensión de pagos ordenados por sentencias, lo cual viola gravemente la Constitución, para que la provincia pague lo que debe", declaró Nallar.
El anteproyecto pide la suspensión de juicios a los órganos de la administración central, entidades descentralizadas y entes autárquicos ligados a la estructura del Gobierno.
Frente a la extraordinaria "necesidad" de recursos públicos por el aislamiento obligatorio, "quedó impactado con crudeza el sistema económico nacional y provincial, paralizando la circulación de bienes y servicios, neutralizando sistemas de recaudación, privando ingresos que constituyen recursos propios", dice en sus fundamentos la iniciativa oficial.
"El Gobernador no puede despertarse un día y decir 'esta sentencia queda sin efecto, a esta gente no le pago'", señaló por su parte Quintar, un experimentado exlegislador de raíz peronista.
Asimismo, los denunciantes sostuvieron que la situación de quebranto en la que se justifica el anteproyecto de ley, es una "quiebra generada por el propio Gobernador a través de un endeudamiento vergonzoso de la provincia para ejecutar obras que han sido contratadas de forma directa y que aún no se han terminado de ejecutar".
"Hemos quedado con la deuda y con la carga social de que no se van a pagar las sentencias judiciales", agregó el abogado Nallar, miembro del equipo de asesores legales de la dirigente social Milagro Sala.
Ante ese panorama, los abogados autoconvocados aseguran que "existe una mala administración por parte del Gobernador que lo hace inhábil para continuar en el cargo, razón por lo que pedimos la promoción de juicio político".
"Los jujeños -agregó en aquel sentido Quintar- queremos que el Gobernador nos de garantías en la Justicia, en la seguridad, en la salud. No queremos emprendimientos privados, (porque) para los emprendimientos privados están los empresarios. No queremos una planta de agua potable, no queremos un ferrocarril que no es de los jujeños, no queremos una planta de marihuana".
"Queremos que cumpla con cada una de sus obligaciones: queremos que la salud funcione como corresponde, que la justicia funcione como corresponde. Y queremos cobrar los juicios, porque sentencias tenemos, y avaladas por el Superior Tribunal de Justicia en todos los casos, porque el Estado apela todos los juicios. Queremos cobrar lo que es nuestro, de los clientes, y nuestros honorarios", subrayó Riad Quintar.
