La Sala Acusadora de la Legislatura abocada a analizar sendos pedidos de juicio político contra el fiscal general del Poder Judicial de Jujuy y tres integrantes del Tribunal de Cuentas provincial desestimó este martes las acusaciones de supuestos hechos de incumplimiento en sus deberes de funcionarios públicos.
"Ante el examen de las actuaciones rendidas, la Sala Acusadora de la Legislatura resolvió desestimar los juicios políticos tramitados en contra del fiscal general y tres miembros del máximo organismo de control provincial", puntualizaron fuentes legislativas.
De esta manera las denuncias vertidas contra Nora del Valle Millone Juncos, presidente del Tribunal de Cuentas de Jujuy; los miembros de la Vocalía Contable Sala II, Mariana Leonor Bernal y René Antonio Barrionuevo Lacour; y el fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, Alejandro Ficoseco, quedaron sin efecto.
"Se votó y se confeccionó una resolución por la cual se desestima los juicios políticos dada la falta de números (votos positivos) para la continuidad de los mismos", explicó el diputado Ramiro Tizón, en su carácter de presidente de la Comisión Acusadora.
Las denuncias contra los miembros del Tribunal de Cuentas referían a la supuesta falta de control en actuaciones vinculadas al manejo de dinero para la obra pública que tienen relación con el proceso judicial que después se conoció como "Megacausa", expediente que aún se investiga y en el que, entre otros, están acusados dirigentes de organizaciones sociales, exfuncionarios provinciales y jefes comunales.
Con respecto al fiscal Ficoseco, la acusación estaba relacionada con la supuesta "falta de actuación" respecto de hechos de violencia producidos en dependencias del Gobierno durante una protesta de organizaciones sociales, y a "situaciones específicas ocurridas durante la gestión anterior, y la falta de presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción".
Sobre el giro que tomó la cuestión, Tizón comentó que "tuvimos debates en el interbloque de Cambia Jujuy y se hacía evidente que no íbamos a contar con los números (votos) requeridos por la Constitución para la continuación de los juicios, que son los dos tercios (de la cantidad de miembros) de la Sala Acusadora".
La resolución emitida por los legisladores provinciales que integran dicha sala considera que es su deber "velar por el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales, garantizar que se cumpla con el debido proceso y el ejercicio de derecho de defensa".
Agregó en ese sentido el titular de la Comisión Acusadora que "la resolución fue acompañada por la totalidad de los diputados presentes y ya se notificó a los denunciados. Así termina esta difícil situación para ellos. Esto es 'cosa Juzgada' y por lo tanto no se los puede volver a juzgar por los hechos denunciados aquí", subrayó a la vez.
En cuanto a lo que compete a un juicio político, el diputado Tizón explicó en primer término que "nosotros (los legisladores) no formulamos cargos penales" y apuntó que en estos casos sobre los que se trabajó, las presentaciones recibidas "no denunciaban delitos" sino "denunciaban incumplimientos de los deberes (inherentes) a sus cargos".
Remarcó que un juicio político "es totalmente ajeno al Poder Judicial" y abundó al respecto indicando que en este terrerno los legisladores "no hacemos justicia, porque la justicia la hace el Poder Judicial; lo que hacemos es evaluar conductas políticas como órgano político de la Provincia".
Finalmente, acerca del desenlace en torno a estos cuatro casos puestos a consideración de la Legislatura, el diputado socialista sostuvo que "es un resultado que debemos respetar porque constitucionalmente correspondía la desestimación", completó.
