La secretaria de Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, y el gobernador Gerardo Morales abrieron este lunes en San Salvador de Jujuy las deliberaciones del duodécimo Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, acto inaugural que tuvo lugar en el edificio de Infinito por Descubrir.
En la oportunidad Morales sostuvo que "la educación y los procesos formativos de capacitación demandan este gran cambio cultural que tenemos que generar para combatir el delito de trata de personas" y en esa línea destacó que el Consejo Federal aportó "más institucionalidad y un dispositivo de mayor control operativo para el cumplimiento de las leyes vigentes".
Señaló también que "la Provincia puso en marcha el programa 'Jujuy Libre de Trata' en diciembre del 2015, política pública en la que venimos avanzando bien", renglón en el cual mencionó "la formación de recursos humanos y la articulación de políticas con las fuerzas de seguridad".
En ese contexto señaló la importancia que le asigna la Secretaría provincial de Paridad y Género al abordaje de la problemática "ya que el sesenta por ciento de las denuncias -remarcó- provienen de mujeres", pasaje en el que citó además un dato global revelador, al decir que "una de cada cuatro víctimas de delitos en el mundo son niños y niñas, por lo que es un tema muy complejo".
En tal sentido el Gobernador refirió la firma de un convenio con el Estado Plurinacional de Bolivia y la articulación con la provincia de Salta para la acción conjunta en la lucha contra la trata de personas.
El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas es un espacio autónomo de acción y coordinación institucional para el seguimiento de los temas vinculados a la lucha contra la trata.
Entre sus ejes de acción figuran el manejo y coordinación de la Línea 145 de denuncias de alcance nacional, la conformación de un Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata, donde se articula acciones para la sanción, prevención y asistencia a las víctimas a través de la facilitación; y el acceso a centros de atención y el manejo de fondos de asistencia a las víctimas.
