La Mesa de Enlace Gualeguaychú, manifestó su más enérgico repudio a las intimidaciones que sufriera el concejal Andrés Sobredo en el marco de la aprobación de la ordenanza del Banco de Tierras y coincidieron que los debates deben darse en el ámbito del órgano legislativo. No obstante "esa metodología será eficiente y plural cuando los actores intervinientes sean escuchados y no sea sólo una puesta en escena de participación por parte de la Municipalidad", criticaron desde la entidad.
El reclamo de la institución tiene directa relación con el anuncio de que este martes tendría tratamiento en Comisiones Conjuntas el proyecto de ordenanza que regula todos los fitosanitarios. Cabe recordar que esta iniciativa fue presentada junto a la de Glifosato Cero, pero los debates se centraron en ésta última, por lo que esta norma no tiene prácticamente la participación de los sectores que trabajan y conviven a diario con los productos.
"Si bien oportunamente fuimos convocados a discutir los dos proyectos, es sabido que en esa oportunidad nos abocamos a intercambiar opiniones respecto de la de glifosato. Esta iniciativa no tiene debate, no hemos podido opinar al respecto y contiene arbitrariedades que ponen en jaque la producción agropecuaria. Es necesario que las entidades seamos parte de la discusión y que se nos escuche de verdad", solicitaron.
El proyecto de ordenanza en cuestión es para las entidades al menos “arbitrario, discrecional, prohibitivo y antojadizo”. Sobre esto, señalaron que el artículo 2 del proyecto en cuestión indica que “La utilización y aplicación de agroquímicos en el ejido de Gualeguaychú, queda sujeta a la expresa autorización otorgada por la Dirección de Ambiente Municipal (…) La mencionada Dirección podrá denegar dicha solicitud de autorización, mediante resolución fundada con criterio técnico y prestando especial atención a el cuidado del ambiente y la salud”.
Para los ruralistas englobados en la Mesa de Enlace –Sociedad Rural Gualeguaychú, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina- "queda claro que esta norma es aún más perniciosa que la de glifosato ya que deja al criterio de una persona la decisión de usar tal o cual producto, que ya cuenta con la autorización del Estado.
Los mismos plantean una serie de interrogantes: ¿Quiénes serán los encargados de esa tarea? ¿Bajo qué criterio técnico actuarán? ¿Ante quienes explicarán los fundamentos de cada decisión? ¿Si los productos están habilitados por los organismos sanitarios del país, la Municipalidad de dónde puede sacar información más precisa sobre la nocividad de alguna práctica que los lleve a prohibirla?
Fundamentos
"Si uno toma el proyecto verá que entre los fundamentos, la Municipalidad esgrime que se aspira a un modelo productivo agroecológico. Ahora bien, como eso es tan amplio y deja al libre arbitrio de un técnico municipal la decisión de uso o no uso de cualquier fitosanitario, surge preguntarse si no es una prohibición total enmascarada. Pareciera que se está urdiendo una red burocrática que llevará inexorablemente a una imposibilidad de utilizar fitosanitarios. Es todo muy confuso y poco hace la actual gestión para aclarar. Por como vienen actuando, en silencio, sin consultar prácticamente a nadie, pareciera que vamos hacia una prohibición total que marcará otro castigo al sector productivo. Y si es así, es preferible que se prohíba de uno y listo, así no le mienten a la gente, no perdemos tiempo y nos evitamos ser parte de un circo innecesario", observaron.
Las entidades rurales destacaron que “estamos de acuerdo con los controles y con el uso eficiente, seguro y racional de los fitosanitarios. Apoyamos las buenas prácticas agrícolas y nunca defenderemos a los productores que hacen mal las cosas, porque somos custodios del medio ambiente. Pero otra vez somos los elegidos para ser los malos de la película. Ojalá esto sea comprendido y estemos a tiempo de evitar una proscripción más”, finalizaron.
