El juez federal, Dr. Fernando Carabajal, emitió hoy por la mañana una Resolución respecto del habeas corpus planteado por la situación calamitosa de las personas que guardaban cuarentena en la Escuela de Policía de la Provincia.
Si bien el fallo exige numerosas cuestiones puntuales, indirectamente le está mandando un mensaje concreto al gobierno que la afectación de los derechos de los ciudadanos en situación de cuarentena no puede exceder la razonabilidad y más allá de la obligatoriedad del decreto no se puede meter a una persona "en una pocilga" o donde se les ocurra.
Le ordena al gobierno que provea lo necesario para la cuarentena de las personas y que designe a personal especializado que no sea la policía para interactuar con civiles.
El fallo consigna que los lugares de alojamiento deberán ser habitaciones individuales o dobles, pudiendo ampliarse a más personas si las mismas tienen vínculos familiares o de amistad y lo aceptaran expresamente, y no existan razones epidemiológicas.
Explica también que se deberá asegurar la intimidad de las personas solo pudiendo compartir habitaciones quienes sean integrantes del grupo familiar o sin serlo, así lo soliciten expresamente.
Asegurar baños privados para cada grupo familiar o grupo que acepte compartir una habitación.
Asegurar la provisión y cambios de ropas de cama y toallas considerando que hay personas que no cuentan con familiares que los asistan.
Asegurar que las habitaciones se encuentren, cuanto menos, mínimamente acondicionadas para soportar las temperaturas acordes al clima.
Asegurara la provisión de alimentos e insumos de limpieza y descartables, y espacios físicos disponibles a esos efectos.
Asegurar los medios para la higiene personal y del ámbito de vida, la cual podrá estar a cargo de las personas alojadas.
Asegurar el acceso a medios de comunicación social y de entretenimiento (internet, libros y televisión).
Proveer de agua potable, fría y caliente, en las cantidades y veces que sean necesarias o requeridas.
Asistencia médica, farmacología y psicología adecuada.
Asignar personal especializado de otras áreas del estado, no perteneciente a la institución policial para que actúen como mediadores entre las personas y las autoridades.
