El Gobierno de Alberto Fernández anunció, tras dos años de demora, la segmentación de tarifas para la reducción de subsidios nacionales sobre los precios de la electricidad y gas natural por red, con lo que se ahorrarán en principio 549.500 millones de pesos entre septiembre de este año y diciembre de 2023.
El impacto será igual para todo el país, dado que la quita de subsidios es sobre el componente del precio de la energía. Quienes residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguirán beneficiados por los subsidios nacionales que reciben en sus facturas por el componente de distribución.
La complejidad de lo anunciado está dada por lo enmarañado del sistema. En el país hay 680 distribuidoras eléctricas y en algunas facturas hay hasta tasas que cobran los municipios por algún concepto particular. Y en el caso del gas, cada usuario pagará una factura con un precio acorde a la subzona donde resida y al nivel de consumo que tenga.
Pero en concreto, para quienes pierdan todo tipo de subsidio, el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) aumentará un 167% en tres cuotas (septiembre, noviembre y enero). Esto indica que por cada mil pesos que venía pagando, pasará a abonar 1.670 pesos más desde inicios del año próximo.
Y en el caso de la luz, el denominado Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) se incrementará 113,9% en promedio, por lo que un usuario que pagaba un importe básico (sin impuestos) de 3.592,71 pesos en julio, tendrá que sumarle otros 4.092,05 pesos en tres cuotas, por lo que en febrero afrontará un costo de 7.684,76 pesos.
Después viene la clase media. En el caso del gas, lo que se subsidiará será un volumen equivalente del 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada subzona tarifaria. El 30% restante del consumo irá a precio pleno (con aumento del 167%). Quienes residan en Zona Fría seguirán con subsidios.
Esto indica que no queda alternativa que tener paciencia y esperar que cada distribuidora de gas le informe con precisión a cada usuario cuáles son las categorías que existen de acuerdo a los topes de consumo en la subzona en la que está el hogar, porque eso en definitiva determinará la tarifa que pagará el usuario.
Y para el caso de la electricidad, el tope para los subsidios son hasta 400 kilovatios/hora, con excepción del NEA donde serán 550 kilovatios porque en esas cuatro provincias no existe el gas por red. Todo lo que cualquier hogar (rico o pobre) consuma por encima de ese límite, se pagará a tarifa plena.
En tercer lugar están quienes cuentan con la tarifa social, quienes este año y el próximo –al menos por lo anunciado ayer- no percibirán aumentos. Esto es un guiño para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no estaba dispuesta a apoyar la segmentación con alzas para los más pobres.
En cuarto lugar, el Gobierno anunció que los comercios y las pequeñas y medianas empresas industriales pasarán a pagar tarifas plenas, dado que el gas y la electricidad son considerados “un insumo de lucro” para las mismas. Esto, claramente, sería trasladado a costos, lo que significaría una mayor presión sobre la inflación.
Hasta ayer se inscribieron 9.597.943 hogares. De ese total, 5.479.037 no sufrirán aumentos porque serán beneficiados con la tarifa social hasta los topes señalados. Unos 3.695.817 son de ingresos medios y tendrán incrementos. Y después hay 423.089 a los que les corresponde la tarifa plena, pero a ellos se suman unos cuatro millones de hogares que ni siquiera se anotaron.
Para la clase media, el incremento del precio de la electricidad y del gas será inferior al del sector más pudiente porque el DNU 322/22 del presidente Fernández había establecido que no pueden sufrir alzas que superen el 80% de lo que se incrementó nominalmente el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en 2021, explicó Royón.
La funcionaria estuvo acompañada por el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti; el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la subsecretaria de Planificación de Economía, Cecilia Garibotti; y la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini.
Rigo aclaró que si bien entre septiembre de este año y diciembre de 2023 se espera un ahorro fiscal de 549.500 millones de pesos, los “cálculos anuales para el 2023 todavía están sujetos a ciertas revisiones”. Esto indica que el ajuste para el año que viene puede ser mucho mayor y es lo que se verá plasmado en el Presupuesto Nacional que se presentará el 15 del mes próximo.
Yanotti dijo, a su vez, que actualmente un megavatio de electricidad tiene un costo de 13.000 pesos y el Gobierno prevé que el mismo descenderá a 9.000 pesos en 2023, en el marco de una baja internacional de los precios de la energía. Esto podría ayudar a que si bien habrá un segundo ajuste de subsidios, el mismo no se sienta en la factura final del usuario.
El monto de dinero que se ahorrará el Estado es equivalente a 4.060,4 millones de dólares (según el tipo de cambio mayorista de 135,33 pesos de ayer) y alcanza el 0,78% del Producto Interno Bruto (PIB) en 16 meses.
En el acuerdo por la deuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había exigido una reducción del 0,6% del PIB en subsidios a la energía para 2022. Como la segmentación se habrá demorado ocho meses hasta su implementación, el impacto será de solo 0,18% del PIB este año y se alcanzará el 0,6% en 2023.
Con este ahorro fiscal, el Gobierno nacional se encamina a cumplir con la meta de déficit fiscal comprometida con el Fondo, que es del 2,5% del PIB para 2022 y del 1,9% para 2023, con la idea de alcanzar una zona de equilibrio fiscal en 2024.
