El Ministerio de Obras Públicas interpuso una demanda para la quita de concesión del Acceso Norte, a cargo de Autopistas del Sol (Ausol) y ahora el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6 se declaró competente para entender en la causa. En el Gobierno confían que pueda avanzar favorablemente en las próximas semanas.
El objetivo es que se declare nulo el decreto de 2018 y el acuerdo de renegociación con la empresa, tal como lo anunció el mes pasado el titular de la cartera, Gabriel Katopodis. Previamente, se solicitó a la Justicia, con carácter urgente, el dictado de medidas cautelares para que el Estado se haga cargo de la gestión del Acceso Norte.
Por otro lado, se presentó una cautelar similar para el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que tiene la licitación de Autopistas del Oeste. Aún se espera una definición al respecto.
En el Gobierno esperan que, por tratarse de una medida cautelar, la resolución judicial se pueda conocer en las próximas semanas, de modo que podría hacerse cargo la gestión del Acceso Norte hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Por qué se auditaron los contratos
Los contratos iniciales con las firmas vencían en 2020, pero habían recibido la extensión por decreto durante el Gobierno de Mauricio Macri hasta 2030. Los acuerdos fueron auditados a pedido del presidente Alberto Fernández y la extensión de las concesiones representó un impacto económico de US$2000 millones, debido a que el decreto de Cambiemos les reconoció también una deuda de US$750 millones.
El Ejecutivo considera que detrás de esta decisión se escondía una intención por beneficiar al Grupo Socma, propiedad de la familia del expresidente, que vendió sus acciones en Ausol a Natal Inversiones SA un año antes.
De esta manera, las medidas presentadas por el Gobierno “tienen como objetivo que se declaren nulos los acuerdos integrales de renegociación que establecían, entre otros, una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de las concesiones por diez años”, señalaron desde Obras Públicas.
“Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de diez veces en el Acceso Oeste, perjudicando a los argentinos y argentinas”.
En manos de quiénes están las autopistas
Ausol y GCO tienen la concesión de las autopistas desde 1994, cuando el expresidente Carlos Menem privatizó el servicio. Para anular ambos contratos por decreto, el Gobierno necesita cumplir con “una instancia judicial que muestre la lesividad de la prórroga de las concesiones”, según explicó. Katopodis.
El Acceso Norte (Ausol), se extiende por 120 kilómetros y su paquete accionario está conformado en un 31,59% por la firma española Abertis (propiedad de Atlantia, la empresa del Grupo Benetton, amigo personal de Macri); en un 19,82%, Webuild; en un 14,12%, Natal Inversiones, y en un 34,47% por inversores de oferta pública en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Por su lado, la Autopista del Oeste (GCO) se extiende por uno 55 kilómetros y está controlado en un 42,87% por Acesa (compañía del grupo Abertis); en un 31,3% por inversores de oferta pública; en un 20% por la estadounidense IJM, y en un 5,73% por Administración Supervene.
Luego de que se conociera la decisión del Gobierno, desde las empresas que gestionan las autopistas de Acceso Norte y Oeste reafirmaron la validez del contrato firmado en 2018, al señalar que es “plenamente legítimo y que fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 16 años”.
