Camino a una ley antibarras

La suspensión del último superclásico entre Boca y River por la final de la Copa Libertadores por hechos de violencia puso en agenda un tema que, aunque estaba archivado, nunca dejó de ser necesario.

Camino a una ley antibarras
Ley antibarras viadocumentos

La secuencia es muy similar: un grupo de barrabravas actúa bajo el soporte de la impunidad y agrede a traición a víctimas que no se pueden defender.

Así pasó en 2015, cuando desde la tribuna de Boca agredieron a cuatro jugadores de River durante un superclásico por la Copa Libertadores.

A pesar de la indignación mediática y las constantes promesas, apenas tres años más tarde volvió a ocurrir: esta vez, los jugadores de Boca fueron apedreados cuando el micro que los trasladaba estaba en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde se iba a disputar (y fue dos veces suspendida) la final de la Copa Libertadores de América, entre ambos equipos argentinos.

La historia de la violencia en el fútbol argentino es una trama con final muchas veces anunciado. Y repetido. Si para la mayoría de los hinchas la tribuna representa un catálogo de emociones o un arca de recuerdos felices, para otros grupos organizados sólo es el terreno en el que se disputa poder y millones de pesos.

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Gustavo Grabia es uno de los periodistas que más estudió la historia de las barrabravas en Argentina y sus negocios: reventas de entradas, manejos de micros para llevar hinchas al interior, el estacionamiento en las calles durante los partidos, tráfico de drogas, la venta de merchandising trucho y otras tantas fuentes de ingreso.

El fenómeno de la violencia organizada nació en los primeros años de la década del 90, cuando el fútbol empezó a explotar como boom económico a escala global. Las barrasbravas consiguieron un exitoso modelo de negocios con la connivencia entre dirigentes, punteros, fuerzas de seguridad y hombres de ley. "La barra es un grupo económico ilegal de importancia, con conexiones políticas, policiales y sindicales muy altas", sostiene Gravia.

Una investigación realizada por el especialista Amílcar Romero sostiene que el 2 de noviembre de 1924 fue la fecha del primer crimen por violencia de barras.

La Selección Argentina fue a jugar a Montevideo la final del Sudamericano contra Uruguay. El 0 a 0 final consagró a los charrúas y a la salida del estadio una trifulca a tiros terminó con la vida del hincha Pedro Demby. El acusado fue José Lázaro Rodriguez, el segundo en el escalafón de la barra xeneize que lideraba José Stella, más conocido como Pepino El Camorrista. Como para estrenar las cadenas de complicidades, basta mencionar que el hombre era un protegido del arquero Américo Tesorieri y viajaba con el equipo a todos lados.

Ley Antibarras

Los hechos de violencia que ocurrieron este sábado en las inmediaciones del estadio de River Plate, reavivaron un debate que también había surgido en 2015: la necesidad de una ley antibarras.

El presidente Mauricio Macri volvió a instalar la idea e incluso anunció que iba a ser propuesta para que el Congreso de la Nación la trate en sesiones extraordinarias el próximo 6 de diciembre.

El proyecto busca que se tipifiquen como delitos penales y no como contravenciones las conductas violentas que se desarrollan en un partido de fútbol.

La iniciativa tiene, además, la intención de convertir a los barras en asociaciones ilícitas y castigar la reventa de entradas con prisión de dos a seis años. También habla de cárcel de dos a ocho años para quien "formare parte, en forma abierta o encubierta, de una asociación o grupo de hecho estable que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por diez o más personas y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos indeterminados, con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados".

Algunos otros países del mundo ya implementaron este tipo de ley. Colombia, por ejemplo, la aprobó en 2011. En esa oportunidad se legislaron sanciones administrativas y hasta el cierre definitivo de los escenarios deportivos que no ofrezcan las debidas medidas de seguridad. La ley establece también que los escenarios destinados a la práctica del fútbol profesional en Colombia tengan localidades numeradas y con asientos para todos los espectadores. Multa, por último, con 30 mil dólares a las personas que ejercieran actos violentos contra otros en ocasión de un partido de fútbol.

"La violencia no se va a terminar nunca", sostuvo Rafael Di Zeo, principal barrabrava de Boca en el comienzo del libro del periodista Gustavo Grabia. "Es un tema de costumbres", justificó. Y hasta ahora, esa teoría que nace desde el epicentro del problema es la única que se ha mantenido a lo largo de la historia.