El pasado fin de semana el Gobierno Nacional anunció la asignación de 1.000 millones de pesos para mitigar los efectos de la bajante, que incluyen “la afectación sobre el abastecimiento y calidad del agua potable, la navegación y operaciones de puerto, el ecosistema, la fauna íctica y la generación de energía hidroeléctrica”.
En ese marco también pidió a las provincias donde se registra la mayor bajante del Paraná en los últimos 77 años, que sus poblaciones extremen los cuidados con uso y consumo del agua potable. Las alertas también se extienden a la diezmada actividad en los puertos de Rosario, Corrientes, Chaco y Santa Fe capital, debido a la reducción de los canales de navegación para embarcaciones de gran calado.
El río es la vía de transporte del 80% de las exportaciones del agro argentino y fuente de agua potable y energía importantes poblaciones urbanas. Sin embargo, debido a una prolongada escasez de lluvias en el sur de Brasil el Paraná actualmente está en su nivel más bajo desde 1944.