Imputaron a la titular del Tribunal de Conducta Policial por el caso Blas Correas

La titular del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, Ana Becerra, fue imputada por el fiscal del fuero Anticorrupción Nº 1 Matías Bornancini. El letrado consideró que es responsable de que el sancionado cabo 1º Lucas Gómez (35) regresara a la calle y portara el arma que mató a Valentino Blas Correas (17) el pasado 6 de agosto.

Becerra, funcionaria en ejercicio, fue notificada este martes de la imputación de “abuso de autoridad”. Se considera que ella es la principal responsable de que el tribunal que lidera haya rehabilitado en sus funciones al cabo 1º Gómez.

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Más allá de seguir en funciones, el policía que ahora está detenido por el crimen de Blas, debería haber llegado a juicio por el encubrimiento del violador serial, pero tampoco se lo llevó a debate.

¿Por qué se relaciona Gómez con el caso del violador serial de la Calera?

Según se pudo establecer, el cabo 1º Gómez tenía antecedentes penales, ya que estaba imputado desde 2017 de encubrimiento de un violador serial de La Calera. Esa imputación debería haberlo sacado de la calle al policía e impedido portar un arma de guerra reglamentaria, pero no fue así.

Otros tres agentes quedaron en situación pasiva por la causa del violador, pero a Gómez no se lo relevó de sus funciones. Al contrario, en lugar de dejarlo en tareas administrativas, se lo puso en plenas funciones, a patrullar las calles de la capital provincial.

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Homicidio de Blas Correas

Blas Correa fue asesinado por una bala policial al trasponer el vehículo en el que se conducía un control de la fuerza de seguridad.

Si bien se probó que el arma de Gómez fue la que mató al adolescente, otro cabo 1º, Javier Alarcón (31) también debe responder por los delitos de homicidio calificado agravado y cuatro intentos de homicidio (por los otros jóvenes que iban en el Fiat Argo).

Aquella noche, también participaron de la escena las dos duplas femeninas de Gómez y Alarcón, las suboficiales Wanda Esquivel (32) y Yamila Martínez (23), quienes están acusadas de encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.