Las movilizaciones de los últimos meses en Córdoba provocaron que legisladores intenten poner límites a las medidas de fuerza. Actualmente, hay dos proyectos en la Legislatura Provincial que buscan evitar alteraciones en la vía pública. Al respecto, el Polo Obrero se mostró reticente y las tildaron de “atacar el derecho a la protesta”.
De esta manera, la organización denunció en una nota que se trataba de un “ataque al derecho de protesta, discriminación y violación de derechos humanos” por parte de la Legislatura provincial. Este mismo planteo se replicará en organismos de derechos humanos y en presentaciones ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi).
La palabra de los dirigentes del Polo Obrero
Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero, junto con los abogados Soledad Díaz y Jorge Navarro, presentaron un escrito en el que cuestionan los proyectos elevados por Juan Manuel Cid y por los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, los que apuntan a poner limitaciones en el uso de la vía pública durante las manifestaciones.
“Es notable que el oficialismo y la oposición coincidan en impulsar proyectos de ley del mismo tenor político, cuya esencia es la de desconocer derechos y garantías consagrados a nivel constitucional e internacional e impulsar el autoritarismo y la represión estatal”, dijo Berardo a La Voz.
“Las manifestaciones multitudinarias son la consecuencia de un sistema económico, social y político dominado por la explotación, la opresión y la discriminación (...). No conocemos que se hubiera dado lugar a un debate esencial y primero, como es la generación de puestos de trabajo o la fijación de un salario mínimo por encima de la línea de pobreza. Por el contrario, la Legislatura se ha lanzado a una cruzada reaccionaria para acallar y reprimir esos reclamos”, sentenció el dirigente.
Qué dicen los proyectos que buscan limitar las manifestaciones en Córdoba
En cuanto al proyecto de Juan Manuel Cid, se establece una modificación del Código de Convivencia Provincial con multas pecuniarias, arrestos o trabajos comunitarios en los casos en los que se obstaculice la vía pública. También establece que, en situaciones de protestas, las organizaciones informen a la autoridad competente.
En tanto, la iniciativa radical se trata de un proyecto de ley, aunque no fija sanciones, en el que se establecen las calles y avenidas del área central en las que no se podrán realizar marchas. Además, se detalla que los organizadores de protestas informen 48 horas antes la marcha, día y tiempo de duración.
Desde que ambos proyectos tomaron estado parlamentario, los legisladores compartieron una primera reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que analizaron las propuestas y recibieron como invitados a representantes de comerciantes, negocios mayoristas y autoridades del centro vecinal barrio Centro.
