La Provincia realizó este lunes una presentación en la Justicia destinada a que se tome acción respecto de la actitud asumida por el titular del Sindicato de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez, y una serie de declaraciones periodísticas que ha realizado en el marco de la presentación del plan de lucha del gremio por las medidas que el Gobierno está tomando con la Epec.
"Esperamos que el gobernador Schiaretti entienda que se viene un período electoral donde a los cordobeses no les va a gustar que Luz y Fuerza esté permanentemente en la calle. Yo veo que están muy apurados con querer cerrar el anillo de Circunvalación. Y bueno, pero si estamos de paro en distintos sectores perimetrales donde tienen que intervenir las maniobras, se les puede demorar también lo que sería el cierre de la obra", dijo Suárez y sobre la base de estas frases es que la Provincia decidió judicializar esta advertencia.
"Esas amenazas afectan no sólo la investidura y función del gobernador Juan Schiaretti anunciando una persecución a todo lugar donde se encuentre, también resultará víctima un colectivo de personas integrado por los vecinos que viven en el mismo barrio que aquél y que verán afectados sus derechos a la seguridad, la tranquilidad y a la libre circulación", remarca el Gobierno en su presentación.
De acuerdo con lo planteado por la Provincia, lo que se intenta impedir "es la afectación a intereses públicos (ejecución de obras públicas de trascendencia y realización de las tareas inherentes al ejercicio funcional del Señor Gobernador) y a la seguridad publica y particular de los vecinos del mandatario provincial".
Es que además Suárez anunció que marcharán hasta la casa del propio Schiaretti como una medida de protesta.
En ese marco, el Gobierno le pidió a la Justicia "que se disponga las medidas pertinentes de seguridad a fin de evitar que los vecinos del barrio Altos del Chateau donde reside el Sr. Gobernador se vean afectados en su seguridad, tranquilidad y derecho a libre circulación".
