Lo que en principio fue un malestar "puertas adentro" en el Gobierno Provincial, este martes por la tarde se transformó en un duro comunicado del Servicio Penitenciario contra el informe alarmante sobre las cárceles cordobesas que realizó el relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Nils Melzer.
En él, entre otras cosas, el especialista internacional advertía que "la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, y disimulado en el marco de la política de seguridad pública".
Y, en el caso de Córdoba entra en detalle sobre las situaciones inhumanas de los presos, detalla condiciones humillantes y habla de “una situación crónica de sobrepoblación” en todo el país.
"Es un informe muy valioso porque Córdoba siempre ha sido reacia a permitir el ingreso de los organismos", dijo a Vía Córdoba + Día a Día Enrique Font, ex vicepresidente del Subcomité para la Prevención contra la Tortura.
"El Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) desmiente que las cárceles de Córdoba no cuentan con las condiciones necesarias y legales para el tratamiento penitenciario de los internos, tal como sostuvo el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, Nils Melzer. Negamos que se violen los derechos humanos", arranca el comunicado del organismo cordobés dependiente del Ministerio de Justicia de Córdoba.
"Su informe es preliminar (el definitivo estará listo en marzo) y no cuenta con información certera sobre las cárceles de esta provincia. Esta provincia no ha tenido oportunidad de responder esas observaciones, pero lo hará cuando se nos de la oportunidad", continúa el escrito.
Y luego se dedica a responder algunos puntos detallados en el informe de la ONU sobre la situación en las cárceles de Córdoba. "Es falsa la mención a celdas de aislamiento en el establecimiento carcelario de Cruz del Eje. Esos espacios fueron eliminados, ya no existen", agrega en el comunicado.
"Con respecto a la falta de espacio en el Establecimiento Penitenciario Nª9, se están realizando obras para ampliar la capacidad y mejorar las condiciones de los internos, con la habilitación de 80 nuevas plazas. Existe además un expediente para hacer refacciones que redundará en 200 nuevas plazas en Bouwer", continúa.
El relator del organismo internacional hace hincapié en las condiciones de detención que, según su óptica, "violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana".
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La respuesta del Servicio Penitenciario fue la siguiente: "Corresponde mencionar además que las cárceles de Córdoba son abiertas a los observatorios de derechos humanos de las Universidades Nacional de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Católica que, mediante sendos convenios firmados, ingresan educadores para formar a los internos y personal penitenciario sobre derechos humanos".
"También que en Córdoba hay jueces de Ejecución Penal, que son los que verifican y controlan las condiciones en las que se desenvuelve la detención de las personas. Y, junto con el Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno provincial puso en funcionamiento en el 6 de abril pasado las Unidades de Defensorías Móviles, que funcionan en el interior de los establecimientos", finaliza el comunicado del Servicio Penitenciario.
