El Juzgado de Control, Niñez, Penal Juvenil y Faltas de Deán Funes confirmó la sentencia de prisión preventiva a un hombre imputado por tres diferentes delitos relacionados al abuso sexual de dos menores de edad, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia.
El mismo fue culpabilizado por los delitos de abuso sexual continuado, abuso sexual agravado por la minoría de edad de la víctima con aprovechamiento situación de convivencia preexistente continuado y promoción a la corrupción de menores agravada por la situación de convivencia, en concurso ideal.
Los abusos habrían ocurrido tiempo atrás, cuando las hijas de su concubina tenían entre 10 y 13 años.
La jueza María Lourdes de Puerta rechazó el pedido de excarcelación efectuado por la defensa, que había hecho la solicitud argumentando la propagación de la pandemia del coronavirus.
Desde la Justicia indicaron que la defensa no acreditó que el imputado pertenezca a un grupo de riesgo ni particularizó alguna situación anómala en cuanto a las condiciones de encierro de su defendido, como para que se ameriten la adopción de medidas de coerción alternativas.
La jueza enfatizó que el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba ha puesto en vigencia un Protocolo de actuación frente al Covid-19 en los establecimientos penitenciarios y complejos carcelarios de Córdoba, y que ya se han adoptado diversas medidas en pos de descartar alguna potencial peligrosidad de los establecimientos penitenciarios en esa materia.
A causa de esto, concluyó que el encierro cautelar del imputado se tornaba imprescindible. También compartió la argumentación desarrollada por la Fiscalía de Instrucción en cuanto a la existencia de indicios de peligrosidad procesal.
La magistrada hizo referencia, a su vez, a que existen indicios de riesgo procesal en el caso que impiden el otorgamiento de la libertad, ya que el imputado podría influir sobres sus víctimas y los testigos. Por esto explicó que, cuando una de las víctimas estaba por declarar en la Cámara Gesell, el imputado logró infundirle temor a través de amenazas coactivas y provocó que la adolescente ocultara los hechos en sede judicial.
"Tal actitud desafiante y controvertida podría válidamente proyectarse a la restante presunta víctima y demás testigos a fin de influir sobre ellos para colocarse en una situación procesal más favorable", precisa la resolución.
