El Gobierno provincial a través de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba dispuso un nuevo tope en los haberes de los pasivos. La decisión representará un recorte de hasta un 10 por ciento en las jubilaciones y pensiones que superen los 110.789 pesos.
Fuentes de la Caja aseguraron que, en promedio, este recorte rondará el 7 por ciento de los haberes e impactará en unos 9 mil pasivos, según informó La Voz.
La administración de Juan Schiaretti anunció este martes, al difundir el cronograma de cobro de los haberes del mes de abril, que a partir de esta liquidación se practicará una "deducción" que podría llegar hasta el 10 por ciento del haber.
“Mediante el decreto N°255/2020 del Poder Ejecutivo Provincial el Gobernador de la Provincia estableció una reducción del 45% en su retribución mensual y dispuso que ningún funcionario de planta política pueda percibir un salario bruto superior al monto resultante de dicha reducción. Posteriormente la Legislatura Provincial acompañó la medida, recortando sus haberes en la misma proporción (Decreto N°63 / 2020)”, revisó un comunicado oficial.
Además, “en virtud de lo establecido en la Ley 8024 esta medida implica la reducción de haberes de los beneficiarios comprendidos en los sectores ‘Autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo’ debido a la reducción de las remuneraciones de los activos del sector”, se añadió.
Sumado a esto, "por aplicación de la mencionada norma se actualiza el tope jubilatorio que pasa a $110.789 en abril de 2020 sobre el cual se aplicará la deducción de hasta un 10% previsto en el artículo 53 de la citada norma".
Este nuevo tope regirá, por el momento, por cuatro meses, de acuerdo a la disposición del gobernador.
Como en el Poder Judicial no se practicó recorte salarial más allá de una reducción que incluyó a los vocales del Tribunal Superior de Justicia y cuatro fiscales generales adjuntos, la merma establecida ahora no afectará al universo de los pasivos judiciales. En cambio, sí impactará en exfuncionarios de la administración pública, exlegisladores y pasivos del sector bancario, municipales y de la Epec, entre los principales.