Concordia continúa en vilo por la denominada causa Seguros. La investigación sigue su curso en lo jurídico y calienta la arena política de la ciudad y la provincia de Entre Ríos.
En este marco, el diputado provincial en uso de licencia Enrique Cresto demandará al jefe de Gabinete municipal Eduardo Caminal por “daños y perjuicios” por “las constantes declaraciones públicas de denuncias, investigaciones y dichos sobre la ex gestión, de la que Cresto era el representante legal y se ve directamente atacado y agraviado”, según adelantó la defensa del diputado provincial.
Cresto también recusó al fiscal José Emiliano Arias, fiscal de la causa junto a Daniela Montangie. Cabe recordar que el 8 de febrero, el Ministerio Público Fiscal dio inicio al expediente que investiga el presunto cobro de millonarias comisiones de seguros por parte de un asesor contratado en la gestión del justicialista, desvinculado en el último trimestre de 2023 y vuelto a emplear por la gestión del presidente municipal Azcué, contrato que a las pocas semanas se dio de baja.
Por el momento no trascendieron avances, sólo que la Fiscalía ordenó distintas medidas probatorias, entre las que se encuentra la requisa al teléfono de Ignacio Caprarulo, el bróker de seguros investigado por la Justicia de Entre Ríos, principal apuntado en la causa.
Denuncia de Cresto contra Caminal
La defensa del diputado provincial, conformada por María de los Ángeles Petit y Matías Llados, informó que la demanda se motivará en “las constantes declaraciones públicas de denuncias, investigaciones y dichos sobre la ex gestión, de la que Cresto era el representante legal y se ve directamente atacado y agraviado”.
“La paciencia ante los ataques verborrágico de Caminal tiene un límite. Habla, acusa, siembra dudas y sospechas; pero no va más allá de algún titular en los diarios”, indicaron.
Los letrados consideraron que “ya pasó un tiempo prudencial para que la nueva gestión asuma su rol y ejerza plenamente el gobierno, enfocándose en dar respuestas a los reclamos de los vecinos y cumpliendo con el deber de gobernar. Es momento de ponerle un punto final a la ‘caza de brujas’ contra los ex funcionarios políticos y a las persecuciones contra el personal municipal”.
“El objetivo de Cresto es solicitar una indemnización por los daños y perjuicios a su imagen y a la de la gestión de la Municipalidad en el periodo 2015/2023 por una suma que será donada a las instituciones de Concordia, para que puedan continuar con su trabajo de servicios y de contención social a los sectores más vulnerables que hoy son totalmente desconocidos y olvidados por la política actual”, adelantaron.
Recusación al fiscal Arias
El recurso que presentó la defensa del justicialista está motivado en una supuesta falta de imparcialidad “para no direccionar” la investigación por parte de José Emiliano Arias. Entre los planteos, aseveran que el funcionario judicial es “marcadamente antiperonista” y toman como antecedente sentencias penales de 2019, entre otros argumentos jurídicos.
Petit y Llados afirmaron que el ex mandatario local “se presentó espontáneamente ante la Fiscalía, ante los rumores y publicaciones así como declaraciones del actual intendente Francisco Azcué y sus funcionarios de que existían denuncias e investigaciones en su contra, poniéndose a disposición del Ministerio Público Fiscal, porque es evidente el objetivo político de poner en duda la honestidad y la transparencia de la gestión que encabezó. Es decir, por parte de Cresto no existe temor a que se investigue, pero quien lo haga debe tener la suficiente imparcialidad, para no direccionar esa investigación”.
En la recusación se planteó el antecedente de sentencias penales en 2019 que ya habían apartado a Arias en otra causa en la que Cresto también estaba imputado y que terminó archivada.
También acusan a Arias de haber violado “garantías constitucionales del ex intendente” y le atribuyen una “marcada posición ideológica que ha sido constantemente pregonada por el fiscal en su búsqueda para acceder a la Fiscalía Anticorrupción”.
“Arias tiene una posición marcadamente antiperonista, y así lo ha proclamado, acusando y recusando a los 9 jueces del STJER. Además, ha sido denunciado por el Presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por sus términos ofensivos contra el Consejo de la Magistratura. Esta posición le quita la parcialidad objetiva que se requiere para ser fiscal en una causa que inicia por oficio, es decir, por su propia decisión. Arias elige la causa y elige a Cresto, una vez más, como su objetivo político para trascender”, sostienen.
En tal sentido, explicaron que “las sentencias que apartaron de la causa a Arias en el año 2019 fueron en dos instancias y marcaron jurisprudencia en cuanto que se reconoció que la potestad de analizar las recusaciones son competencias del Juez de Garantías en primera instancia y no del Procurador General, como lo pretenden los Fiscales, basados en una Ley de Ministerio Publico Fiscal que hay que revisar para no dejar que sigan abriéndose causas que no tienen fundamentos, por lo que no estamos basándonos en supuestos sino en hechos ya comprobados”.
