Hoy se desarrolló en Comodoro rivadavia la audiencia sobre el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se revoque la decisión del doctor Gustavo Lleral, quien ordenó la destrucción del material de las intervenciones telefónicas por haber sido adoptadas en un proceso constitucional que no corresponde. Contra esa resolución, el Ministerio Público Fiscal apeló y junto con el CELS la familia de Santiago Maldonado acompañó la resolución del doctor Lleral.
A través de su abogada -Verónica Heredia- la familia Maldonado solicitó que se conforme un grupo de expertos independientes para que lleven a cabo la investigación, entendiendo que la causa ha sido manipulada.
Heredia indicó que el material son "escuchas sobre Sergio Maldonado con integrantes de la comunidad mapuche y habían sido ordenadas por el juez anterior".
"El doctor Lleral estableció que la intervención telefónica es ilegal porque no hay fundamentos para intervenir teléfonos de testigos. Para eso se los convoca a declarar y puede haber falso testimonio. En vez de hacer todo esto, el juez Guido Otranto decidió por medio de un habeas corpus hacer las intervenciones", aseguró.
"Se interviene el teléfono, pero ocultaron y tomaron estas medidas persecutorias amparándose en legajos ocultos para las partes para perseguir a personas particulares. La justificación de por qué se oponen a que se destruyan es porque entienden que el resultado les sirve para otros procesos, pero esto es convalidar que por el resultado se convierta en legal algo que era ilegal. Es como convalidar los dichos a través de la tortura. No hay nada que pueda decir bajo tortura y que un juez diga ¨esto me sirve¨".
Actualmente la causa está caratulada como desaparición forzada y no se modificó la calificación según la abogada porque "ni siquiera con la autopsia se pudo descartar la desaparición forzada de Santiago. El 24 de noviembre cuando se entregó el informe ellos dijeron que no podían afirmar que Santiago falleció el 1 de agosto ni que Santiago siempre estuvo en el mismo lugar".