La Municipalidad de Cosquín enfrenta una crítica situación financiera tras un fallo del Juzgado de Primera Instancia de Córdoba Capital, que dispuso el embargo de unos $160 millones mensuales de sus fondos coparticipables.
El intendente Raúl Cardinali alertó que la medida “afecta obras, programas sociales y la capacidad de pago del municipio”. Según explicó a La Voz, “si debemos destinar esos fondos al embargo, se paralizan áreas como salud, educación y asistencia alimentaria”.
El conflicto se originó durante la gestión de Andrés Bustos, cuando el municipio actuó como garante de préstamos a empleados municipales. Los descuentos se realizaron, pero el dinero nunca fue transferido a la financiera. Años después, el reclamo fue adquirido por un grupo fiduciario que hoy exige más de $6 mil millones entre capital e intereses.
Además, el abogado del grupo presentó una segunda demanda por honorarios, que motivó el embargo del 33% de la coparticipación provincial, algo que el municipio considera “inédito e inconstitucional”.
“Es una bomba atómica para Cosquín. Con ese nivel de descuento tendríamos que entregar la llave y dejar de gobernar”, expresó Cardinali, quien adelantó que el municipio apelará la resolución judicial y pedirá la nulidad del fallo.
