Organizaciones sociales decidieron calificar como inconstitucional el protocolo del mantenimiento del orden público, por lo que le pidieron a la Justicia que se expida al respecto.
La medida cautelar cayó sobre el fuero federal, pero la jueza María Servini se declaró incompetente y le dio un giro a la causa hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) sostienen que lo propuesto por el Gobierno se debe suspender “hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”.
El MST solicitó una “acción declarativa de inconstitucionalidad (...) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” anunciado por Bullrich porque, según argumentaron, “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.
Y reclamaron “una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo”.
Los fundamentos de los organismos de izquierda para ir a la Justicia
Entre los fundamentos principales, aducen que lo planteado por el Gobierno “amenaza derechos políticos y penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.
Y el protocolo antipiquetes sería “la persecución hacia los grupos opositores, usando la fuerza represiva estatal, criminalizando el accionar legítimo de quienes usamos la manifestación en el espacio público como un canal democrático de expresión”.
Cabe recordar que este lunes, la ministra Pettovello anunció que “todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado” de cortes de calles “perderán” los planes sociales y “todo tipo de diálogo” con su cartera.
